por Elena Corvalán
La ciudad de Tartagal vivió ayer una jornada particularmente caliente. Hubo altas temperaturas, como habitualmente ocurre en el verano en esta zona del Chaco salteño, pero lo que más calentó el ambiente fueron los incrementos en las tarifas de la energía eléctrica, que vino a sumarse a la bronca de arrastre por la falta de agua. Ese enojo motivó un corte de la ruta nacional 34 en el acceso norte a la ciudad, y esta acción subió todavía más el clima social caldeado, pero consiguió su objetivo: el gobierno de Salta respondió enviando a alguien a parlamentar.
Por otro lado, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, también en el norte provincial, continuó el acampe que desde hace una quincena de días se mantiene frente a las oficinas de la empresa Edesa, prestataria del servicio de energía eléctrica en la provincia.
Las protestas en casi todo el norte provincial provocaron que el gobierno de la provincia dispusiera ayer, mediante el decreto 38, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, que usuarios y usuarias de los departamentos Orán y San Martín (donde está Tartagal) abonen durante seis meses el mismo monto que pagaron en la factura de noviembre de 2022. Pero la decisión no fue suficiente para calmar los ánimos, que reclaman decisiones de fondo como la declaración de zona cálida. Manifestantes de ambos departamentos, que vienen tejiendo unidad en la protesta, decidieron mantener sus puestos de lucha en acampes.
En el caso de Tartagal se levantó el corte de ruta pero el acampe seguirá al costado de la misma, y avisaron que, si es necesario, repetirán los sucesos de la década del 90, cuando se dieron las históricas puebladas en este territorio de la provincia.
En Orán hubo una asamblea anoche. Vecinos y vecinas acordaron rechazar el decreto gubernamental, porque "no se sabe qué pasará en seis meses", contó Marcos Puca, referente del Movimiento Evita de esa localidad. Puca destacó que la unidad en la lucha logró esta decisión del gobierno salteño. La sociedad oranense viene manifestándose en el acampe montado frente a Edesa, donde a las noches se hacen asambleas abiertas con la participación de cualquier persona que quiera expresarse. Usuarios y usuarias de a pie, comerciantes y hasta empresas, vienen sosteniendo la protesta que incluyó multitudinarias marchas.
Si las protestas se profundizan o se diluyen dependerá en gran medida de lo que ocurra en la mesa de diálogo con el gobierno, cuya primera instancia se prevé concretar hoy, en una reunión que se llevará a cabo en el pequeño pueblo de General Ballivián, a 49 kilómetros de Tartagal y a más de 83 de San Ramón de la Nueva Orán. Ya confirmaron su asistencia representantes de ambas protestas y se prevé que por el oficialismo asistirán: el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), Carlos Saravia, y el ministro de la Producción, Martín de los Ríos; informó a Salta/12 Héctor Soria, referente de Somos Barrio de Pie, una de las cinco organizaciones sociales que encabezan la protesta en Tartagal.
Corte para hablar
Las personas que actuaron como voceras de la protesta en Tartagal lamentaron ayer que hayan tenido que llegar a cortar la ruta, después de nueve desgastantes días de acampe, para llamar la atención del gobierno provincial.
El gerente de Calidad del Enresp, Carmelo Russo, que integra el Comité de Crisis conformado para atender la emergencia hídrica en la zona, fue el encargado de poner la cara para escuchar las quejas de vecinos y vecinas. Lo hizo a caballo de la decisión de retrotraer las tarifas de la energía eléctrica a los valores de noviembre de 2022.
"La medida se estableció con el objetivo de salvaguardar los derechos de las personas afectadas teniendo en cuenta la deficiente prestación del servicio por parte de la Empresa, los reiterados cortes del suministro de energía eléctrica y la suba en la facturación", informó el gobierno. La reducción de la facturación es para "usuarios generales y residenciales de los departamentos Orán y San Martín de los segmentos 2 y 3 cuando el consumo mensual supere el 30 % del consumo de referencia del mes de noviembre/2022", precisó.
En el mismo decreto el gobierno dispuso que en 180 días "se deberá realizar la auditoría de facturación dispuesta por la Resolución ENRESP Nº 32/2023", y en ese período también deberá hacerse una "revisión y análisis de los índices de calidad en los departamentos Orán y San Martín para determinar las readecuaciones necesarias, prioridades de obras y las multas que correspondiesen aplicar a la empresa prestataria, e implementar una solución definitiva respecto a la variación del consumo por las características climáticas de los departamentos citados". Y Edesa "deberá abstenerse, durante este período, de suspender o interrumpir el servicio. Tampoco podrá ejecutar acciones de cobro o restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica".
Acuciado por la bronca de manifestantes y automovilistas paralizados en el corte, Russo llegó al acceso norte de Tartagal para hablar con las y los manifestantes. Lo recibieron con desconfianza sobre lo que pasará una vez transcurridos los seis meses en los que la factura se mantendrá en los montos de noviembre, y reclamando que de una vez por todas se declare a esta zona como cálida y se contemple que necesitan consumir más energía eléctrica.
“¿Qué va a pasar después de los seis meses? Porque la empresa no sale a decir, ni el gobierno tampoco, que el tarifazo se cae. Es imposible pagarlo”, disparó un manifestante. Russo recurrió al decreto: “Hoy el gobernador ha sacado una medida de retrotraer la facturación”. “Los usuarios no tienen que abonar la factura del mes de enero” y la empresa Edesa “va a refacturar a los valores de noviembre". Pero no pudo responder al interrogante: “La situación a futuro se va a ir regulando, hoy no podemos saber qué va a pasar a seis meses”, generalizó antes de asegurar que se atenderán los reclamos por casos especiales, si se quemaron electrodomésticos. Añadió que si alguien pagó la factura tendrá un crédito.
Los interrogantes por el plazo de seis meses se reiteraron. “Nosotros lo vemos como algo político, qué casualidad que justo hasta que terminen las elecciones (que en la provincia serán en mayo) nos están dando solución" y "después los usuarios no sabemos qué va a pasar, a lo mejor vienen con más aumentos, total el gobernador ya ha vuelto a ganar”, pasó en limpio Sandra, referente del Movimiento Octubres. La suba en las tarifas, que en algunos casos fue del 50% y hasta llegó al 100%, “Va a seguir siendo impagable” de aquí a seis meses, agregó otro.
Referéndum por el agua
Tartagal ya viene con broncas por la falta de agua, y en ese contexto vecinos y vecinas reclaman que se realice un referéndum para decidir si la empresa Aguas del Norte sigue prestando el servicio o queda en manos de la Municipalidad. Ese reclamo se expresó otra vez ayer, ante el gerente de Calidad del Enresp. "Queremos el referéndum” y que Aguas del Norte se vaya de Tartagal, exigieron los manifestantes.
Russo insistió en que el Comité de Crisis está llevando agua a todos los lugares donde la necesitan, “se están reforzando los camiones día a día”, repartiendo también en camionetas. "Están entregando bidoncitos que no alcanzan para las necesidades", reprochó un manifestante y otro sostuvo que pareciera que el Comité "no está funcionando".
La referente de Octubres reclamó que los camiones cisterna no se detienen a entregar agua, que hay merenderos y huertas del Movimiento que no están pudiendo abrir porque no tienen agua.
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