lunes, 27 de febrero de 2023

La competencia interna puede dejar heridos


Frente de tormenta en el oficialismo salteño

Emiliano Durand anunció oficialmente su candidatura y aseguró que tendrá que enfrentar intereses muy poderosos. Bettina Romero contestó con una denuncia en la justicia para que se investigue si las “fake news” en su contra provienen de fondos públicos. 


por Nicolás Hirtz

 La confirmación de que Emiliano Durand será candidato a intendente sacudió el avispero en el romerismo, que ven en la figura del periodista y actual senador, alguien que podría arrebatarles no solo un nuevo mandato al frente del ejecutivo municipal, sino las aspiraciones de seguir creciendo hacia la gobernación en el 2027.

Si bien nadie lo menciona dentro del oficialismo capitalino, que Durand sea candidato dentro de las mismas filas que integra la actual intendenta municipal, Bettina Romero, huele más a fuego amigo que a lo “bueno que es competir”, como contestó Gustavo Sáenz al ser consultado al respecto.

Una posible lectura, no lejana a la de cualquier lector, tiene que ver con la sucesión en Grand Bourg. En el 2027 el actual gobernador cerrará su ciclo al frente del ejecutivo provincial, y Durand podría ser un sucesor mucho más amigable que los Romero, que tienen tradición y juego propio. Una victoria del periodista que más votos sacó en las pasadas elecciones, sería un golpe muy fuerte para las aspiraciones de la familia que ya ocupó en más de una ocasión el máximo escalafón político salteño.

En su anuncio oficial, el Senador por capital asumió que tendrá el apoyo de “Gustavo”, al que le agradeció permitirle participar de las elecciones. Y a la hora de explicar porqué decidió competir, apuntó directamente a la actual gestión municipal, “se pueden cambiar las formas en que se hacen las cosas”, “se pueden hacer mejor”, dijo entre otras cosas.

Pero no se quedó allí, el también abogado declaró que deberá enfrentar “intereses muy poderosos”. Sin mencionarlo, y habida cuenta que desde la oposición aún no hay ninguna confirmación de candidaturas, va de suyo que hablaba de quien integra las mismas filas saencistas y maneja las riendas municipales.

Tras el anuncio, el politólogo Pedro Buttazzoni desnudó la estrategia de Durand. Destacó la forma “descontracturada” y supuestamente “despegada de la política tradicional”, “el arquetipo del hombre común, siguiendo la línea del 2021”, cuando llegó a ser el candidato a Senador por capital más votado.

No se le pasó por alto lo que el mismo legislador resaltó, ser el “bendecido” de Gustavo Sáenz. A la hora de prefigurar a su contrincante, lo describió como “el enemigo invisible”, “del manual del populismo”. “No va contra una persona. Como la casta o la oligarquía para otros, en este caso los del frente son los poderosos”, añadió el especialista.

La respuesta desde el CCM

Desde el Centro Cívico Municipal repiten que Bettina Romero no solo no tiene miedo de competir, sino que, como dijo el propio gobernador, es saludable. Pero la primera medida que encabezó la intendenta fue la de presentarse en persona ante la Justicia Federal denunciando una campaña de desprestigio y “fake news” en su contra.

La presentación, por coacción y amenazas, incluye más de 130 publicaciones con ataques directos hacia la jefa comunal, y en alguno de ellos, la identificación de sus responsables. “Es mi deber sentar una posición pública respecto a los mensajes de odio que circulan a diario en nuestra sociedad”, declaró al presentar la denuncia.

Romero apuntó al “uso sistemático de portales y páginas con noticias falsas y discurso de odio” hacia su persona y su familia. Y solicitó que se identifique a todos los agresores y la ruta del dinero empleado para promover una campaña sucia permanente en su contra.

“Hoy es fundamental marcar un precedente para que la política no se convierta en un vale todo, sobre todo al inicio de un año electoral”, agregó.

A su lado, su abogado Oscar Guillén elevó la apuesta. Reiteró que se pidió al fiscal federal que se conozca la identidad de quienes realizan esas publicaciones y, sobre todo, que se conozca “la trazabilidad de los recursos que se emplean para estas campañas de difamación que, esperemos, no se trate de dinero público”.

En un programa de televisión local, el representante legal de la mandataria detalló que ya tienen identificados a quienes hicieron algunas de las publicaciones y quién las pagó. Y subrayó que no solo podría haber una asociación ilícita por el nivel de organización que existe para generar esas “fake news”, sino que la justicia Federal “podría detectar que se utilizaron fondos públicos”, por lo que también se incluiría la figura de malversación de caudales. “Lo triste que sería que se utilicen los aportes de los ciudadanos para estas cosas”, consideró el abogado.

La oposición no tiene con qué

Con la confirmación de Emiliano Durand, ya son cuatro los postulantes a ocupar el cargo de intendente por el oficialismo. Se suman la actual mandataria, el ex procurador y ministro provincial Abel Cornejo, y el referente de Libres del Sur Carlos Morello.

Esta disputa interna sin primarias ni internas, elaborada como una estrategia para retener la gobernación dándole rienda suelta a todos los que deseen competir siempre y cuando le reporten a un único candidato a gobernador, para la oposición significa una oportunidad de pegar el zarpazo.

El cálculo que hacen es sencillo, si todos los votos oficialistas se dividen en cuatro, polarizando seguramente en dos postulantes fuertes (Bettina y Durand), quien pueda obtener algo más de 20 puntos en la ciudad más poblada de Salta, tendrá muchas chances de dar la sorpresa. Pero para eso aún faltan candidatos y una fuerza opositora que presente batalla, algo que no se visualiza en el horizonte.    

viernes, 3 de febrero de 2023

El gobierno de Salta aprobó un protocolo para frenar las protestas sociales

 


por Maira López

El gobierno de Salta emitió ayer el decreto 91/23, que aprueba el Protocolo de Actuación del las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones. De acuerdo a lo comunicado por el Ejecutivo provincial,los motivos principales estuvieron guiados por las protestas realizadas en el norte salteño, en los departamentos de San Martín y Orán, donde se reclama hace dos meses el acceso al agua potable sana y segura, así como mejoras en la prestación del servicio de educación y salud, y se rechaza os aumentos en las boletas de energía eléctrica. 

No obstante, el gobierno de Gustavo Sáenz consideró que esos reclamos afectan "gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general". Además de que se perjudica a la economía de esas zonas, puesto que "gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades", indica el protocolo. 

Oficialmente el Ejecutivo salteño había anunciado que trabajaba en el protocolo de actuación junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación. El propio gobernadr contó en sus redes sociales que convocó a una reunión al procurador General de la provincia, Pedro García Castiella; al fiscal federal general, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; al fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y la auxiliar fiscal federal Roxana Gual.

Según se informó, en el encuentro se consideró que "cada vez que se libera un corte de ruta, se reducen en gran medida los controles de colectivos, camiones y vehículos particulares". La conclusión fue que debido a los cortes de ruta en zonas de frontera, aumenta el "riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas". Tras anunciar la medida, el gobierno sostuvo que con el protocolo se "buscará dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve afectado su derecho de circulación".

Aún así, el protocolo generó manifestaciones en contra, y esa parece ser la razón que motivó al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, a convocar a una conferencia de prensa para hoy a las 9 en el Centro Cívico Grand Bourg para referirse a los objetivos y la aplicación del decreto 91/23. El gobierno sostiene que la normativa resguarda y garantiza "los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes". 

El protocolo establece que cuando se sepa de protestas, sean espontáneas o programadas, la cartera de Seguridad dará la orden para que intervenga el jefe de Policia, quien deberá elaborar un informe de la situación para ser remitido a la principal autoridad del Ministerio; el que a su vez se contactará "con el o los Ministros con competencia especifica en el objeto del reclamo", con el fin de que "encomiende a un funcionario con conocimiento en la temática y capacidad de negociación". El objetivo es "generar un ámbito de negociación para dar respuestas a las demandas". 

Simultáneamente, se designará un jefe del operativo de Seguridad que, "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza. Las y los manifestantes deberán "retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre el libre tránsito, dando a conocer que su negativa puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina, debiendo dar inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial que correspondiere". 

Policía políglota 

El protocolo dispone por otra parte una medida insólita: si los manifestantes pertenecen a comunidades originarias -como está sucediendo desde mediados de noviembre en la localidad de Tartagal-, la autoridad policial "procurará la utilización de la lengua o idioma de dicha comunidad". En la provincia se hablan 8 idiomas de poblaciones originarias: quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí. 

Otra pauta que se destaca es que sostiene que luego de "liberadas las vías de circulación", recién se "comenzará la instancia de negociación con el vocero o representante del grupo de manifestantes". También afirma que las fuerzas de seguridad podrán "tomar las medidas que por ley correspondieren para prevenir la posible comisión de delitos, dando inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial", en caso de la presencia de "personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo". 

El fiscal federal general de Salta Eduardo Villalba, quien se reunió con autoridades provinciales para discutir el contenido del protocolo- dijo que la idea es que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia intervenga antes o en forma contemporánea al corte del tránsito. Por ello, descartó que vaya a ordenar el uso de la fuerza pública federal para despejar las rutas nacionales.

"Obviamente que colisiona con el derecho a circular", dijo sobre la protesta que incluye cortes de ruta, y aseguró, en respuesta a cuestionamientos de funcionarios de la provincia, que la fiscalía federal sí intervino en diversas protestas, "pero hasta eso pasaron cinco o seis horas". "No estamos de acuerdo con el despeje por medios violentos porque es muy complejo y puede ser peor el remedio que la enfermedad", previno.

Un protocolo restrictivo

Tras conocerse públicamente el decreto, la directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman, aseguró a Salta/12 que se trata de "un protocolo fundamentalmente orientado a evitar los cortes como forma de protesta social". En ese sentido, aseguró que la normativa guarda una "visión muy restrictiva de las manifestaciones y de los derechos involucrados", dado que "no hay ninguna mención a los derechos de los manifestantes ni de la protesta". 

Si bien sostuvo que hay "algunas regulaciones interesantes", como la debida identificación de los funcionarios de seguridad o la disposición de una interlocución política para responder a los reclamos, aún así "no regula cuestiones fundamentales como la prohibición de portar armas de fuego en estos operativos o la regulación estricta del armamento mal llamado "menos letal (como balas de goma, gases, agua)". 

Además, señaló que los principios del uso de la fuerza que se mencionan en el protocolo "son muy genéricos y no específicos para el ámbito de actuación de las manifestaciones". "Desde 2001 se había avanzado mucho en regular la actuación policial en las manifestaciones en particular como forma de prevenir represiones y proteger los derechos involucrados", indicó Perelman. 

El CELS también destacó las razones de las protestas que se vienen sosteniendo desde hace semanas en el norte salteño -y que tienen como principal pedido el acceso a agua potable sana y segura. La organización sostuvo que se afecta principalmente a poblaciones vulnerables, como la campesina e indígena. Perelman afirmó que ante estos reclamos la respuesta del Estado provincial se redujo sólo al protocolo que "se orienta a interrumpir los cortes", lo que "implica que el corte de rutas o de calles quede descartado como un formato de protesta válido".

Si bien el protocolo dispone una interlocución política, este principio "queda condicionado a que los manifestantes levanten el corte", cuestionó. "Esta condición es esperable que trabe las posibilidades reales de la negociación y acorte los tiempos de un desalojo violento", agregó. 

Además, cuestionó la mención de la prohibición del uso de elementos contundentes, porque está expresada en "forma tan inespecífica", como lo es en la mención a la pirotecnia o "cualquier elemento". Consideró que esa enunciación "puede ser utilizada en forma laxa como forma de criminalización de manifestantes". "En general, la redacción es tan genérica que su aplicación puede resultar sumamente arbitraria", insistió la integrante del CELS. 

En una línea muy similar habló el abogado y presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Rodrigo Sola, quien adelantó a Salta/12 que en la mañana de hoy presentarán un escrito al Ejecutivo provincial expresando su preocupación a raíz del protocolo. Contó que no tuvieron conocimiento previo de su elaboración, sino que el único acceso se dio tras ser publicado en el Boletín Oficial. 

Sola subrayó que la protesta social es parte del ejercicio del derecho establecido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, convirtiéndose en "un eje central" para el ejercicio del sistema democrático. "Detrás de ese derecho fundamental, están otros derechos que son los que se están reclamando en el norte", afirmó al recordar las deudas históricas en el acceso al agua, la educación y la salud para poblaciones originarias que han sufrido las muertes evitables de niños y niñas por desnutrición. 

En ese sentido, se refirió a los tratados internacionales que establecen que los estados nacionales, provinciales y municipales deben garantizar la protección a colectivos vulnerabilizados, como las poblaciones originarias. Para Sola, con el decreto de Saénz "se invierte este rol" ya que "no sólo no se les cumplen determinados derechos, sino que se los disuade para que no puedan ejercer los reclamos". 

Sostuvo que "el foco debería estar primero en esos derechos que no se están cumpliendo de manera correcta y que llevan a que estos sectores o colectivos tengan que protestar para reclamar esos derechos". Por el contrario, consideró que el Ejecutivo provincial puso el foco en cuestionar la modalidad de la protesta y, en consecuencia, el ejercicio democrático de las personas. 

En un marco más legal, recordó que los tratados internacionales plantean que cualquier tipo de regulación sobre el derecho a la protesta se tiene que dar "sólo por motivos excepcionales y a través de una ley; no por un decreto". "Tendría que ser excepcionalmente y donde se plantee una absoluta necesidad", reiteró el letrado. 

También dijo que todo el abordaje del protocolo debería estar centrado en la prevención, el diálogo y la negociación, pero lo dispuesto por el gobierno de Saénz sólo se enfoca en "disuadir" las manifestaciones. En el protocolo "parece que hay un condicionamiento" porque "dice que para que se produzca una parte del diálogo, tiene que producirse el levantamiento de la protesta". 

La prensa de Salta sobre el protocolo del gobierno de Salta

 

La prensa no se calla 

por Maira López

El protocolo también incursiona en un intento de regular la labor de los medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. "Los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones", empieza el texto, pero enseguida afirma: "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfleran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información".

Esto generó malestar dentro de la prensa de Salta. Para el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal), lo dispuesto por Sáenz no sólo le da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, sino que también "disponen condicionantes que puede ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas". 

En ese sentido, el Siprensal exigió que las autoridades revisen el punto que hace referencia a la tarea periodística, dado que "puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad". 

En tanto, para la Asociación de Periodistas de Salta (Apes), el protocolo significó "un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial". Por ello, exigió que se revea a la brevedad el decreto y "se deje inmediatamente sin efecto" la mención a la labor de la prensa, puesto que existe una "clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo". 

La Apes también recordó "viejas solicitudes" que le hicieron al gobernador por "la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística y la falta de garantías de seguridad con la que contamos como periodistas a la hora de realizar una cobertura".

jueves, 2 de febrero de 2023

Agua potable, educación y salud. Marcha por los Derechos en Tartagal


por Analía Brizuela

 Más de 500 personas se sumaron ayer a la Marcha por los Derechos en Tartagal. Distintas organizaciones sociales y vecinos de la ciudad cabecera del departamento San Martín convocaron a los y las tartagalenses por redes sociales. Se concentraron a las 9 en la Estación de Ferrocarril y luego marcharon hasta la Ciudad Judicial. Se congregaron por la regularización del servicio de agua potable. También se sumó el malestar por los recientes anuncios del gobierno provincial sobre el nuevo protocolo de seguridad para garantizar el paso vehicular en cortes de ruta.

“Nosotros no vamos a parar hasta que salga agua potable de las canillas”, le dijo a este medio Luis Rivero, referente de la Comisión de Autoconvocados de Tartagal. “Nos están envenenando”, agregó, en referencia a las algas y otros elementos contaminantes que jaquean la vida cotidiana de la población más vulnerable. "No todos pueden comprar botellones de agua segura", recordó el referente. En su análisis situacional, el gobierno provincial tampoco asegura la provisión diaria y en cantidades suficientes del líquido vital, que cubra todas las necesidades de las familias y sus niños. “Además, si Aguas del Norte (la empresa estatal que presta el servicio) abiertamente informa que no se debe consumir el agua, ¿por qué tenemos que higienizarnos o lavar los untesillos de comida con ella?”.


Las organizaciones sociales que apoyaron la marcha (CCC, PCR, 8 de Abril, UTT y FNC) redactaron una denuncia colectiva que planeaban presentar ante la Secretaría de Derechos Humanos que depende de la Corte de Justicia de Salta. Al reclamo por el agua potable apta para consumo humano, sumaron el derecho a la salud, la educación, la seguridad, el trabajo digno, y también el derecho a reclamar y protestar. “Todos son derechos que figuran en la Constitución Argentina, le duela a quien le duela”, posteó Luis Rivero después de la marcha. La invitación a la jornada de protesta de ayer circuló, justamente, por ese flujo de conversaciones.

Obras para el futuro

Gran parte de las principales ciudades que se encuentran sobre la ruta nacional 34 dentro del departamento General San Martín se abastecen del Dique Itiyuro, ubicado entre las localidades de Aguaray y Salvador Mazza. El espejo artificial fue construido en la década de 1970, cuando toda esa jurisdicción contaba con 67.203 habitantes (según el censo de 1970). Según los datos del censo 2022, el departamento tiene 177.641 habitantes. A pesar del salto poblacional, ese dique aún abastece la ciudad de Tartagal y otras áreas urbanas al sur, como Campamento Vespucio y General Mosconi, entre las principales.

Durante la conferencia de prensa que brindó ayer el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en el aeropuerto de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz anunció nuevas obras en el Dique Itiyuro y otras en un dique próximo. El mandatario salteño se refirió a un acta acuerdo que Salta firmó recientemente con el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, para la construcción de una nueva toma de aducción en el embalse El Limón y la ampliación de la planta potabilizadora, justamente, en el espejo de agua del Itiyuro hoy seco. También se anunciaron obras para la protección y recrecimiento del terraplén existente, más la reparación de filtraciones. “Estoy cumpliendo con los vecinos del departamento San Martín que hoy sufren la falta de agua por la sequía más grave de los últimos 50 años, décadas de desinversión y obras de infraestructura que nunca se hicieron, pese a que se prometieron”, dijo en relación a la crisis hídrica que afecta al norte salteño.

Sin embargo, obras y tareas de mantenimiento no solucionan de inmediato los problemas de agua que los vecinos padecen a diario. “Vamos a decidir en asamblea cómo seguimos la lucha. No descartamos realizar un acampe en la plaza principal de Tartagal”, dijo Rivero. “Nosotros queremos dejar bien en claro que nos están envenenando”, insistió. “Nos basamos en los artículos del Código Penal que se refieren al envenenamiento del agua para consumo humano”, agregó, aludiendo a los apartados 200, 201 y 201 bis. “En la Ciudad Judicial nos dijeron que hagamos la denuncia en la comisaría del barrio. Es una vergüenza porque llevamos más de 60 días sin agua potable”.

Orán y el tarifazo eléctrico

En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán los vecinos permanecen en el acampe que hoy cumple un mes. El proceso de lucha contra el tarifazo eléctrico llegó a un intermedio (no a una tregua definitiva) durante la reunión que mantuvieron los principales referentes de ese acampe con funcionarios del gabinete provincial el viernes último. Establecieron que el próximo 13 de febrero el gobierno salteño les presentará una propuesta de tarifa eléctrica subsidiada para zonas cálidas que será analizada por los usuarios y usuarias en asambleas.

Hasta que el plazo se cumpla, los referentes del acampe de Orán y de Embarcación informaron a los vecinos que asisten regularmente el resultado del encuentro con los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur, y de Infraestructura, Sergio Camacho. Además, elaboraron un volante explicativo y desde ayer recorren barrios de esas ciudades para explicar en casas particulares por qué están luchando.

“Los vecinos organizados en la Asamblea de Usuarios Autoconvocados continuamos con el acampe frente a las oficinas de Edesa y ya hemos logrado varios puntos favorables que han sido ratificados por el gobernador, entre ellos: no cortes de servicio por seis meses (decreto 38/23); reducción de la boleta de luz de diciembre en adelante a valores de 2022 (mismo decreto); y notas de crédito para quienes ya pagaron que deberán descontarse en las próximas boletas”, informa el volante que reparten. También aclaran que aún falta lograr: “la reducción de la tarifa”, que entienden debe ser de un 80%, “para que sea compatible con los valores del mes de octubre de 2022 y “mejoras en el servicio y la recisión del contrato a Edesa”.

“Nosotros queremos discutir el precio del kilovatio/hora”, explica hasta el cansancio Josefa Cardozo, una de las referentes más visibles de la protesta en Orán. “Pagamos la energía por 220, pero estamos midiéndola y solo llega a 180. Nunca llega a 200”, contó otro referente del acampe, Leandro Alagastino, en la radio 106.7, de Orán. El reclamo es persistente. “El voltaje que ellos venden (por Edesa) no es 220. En el mejor de los casos llega a 205”, sostuvo el concejal Samuel Huerga (MST)“Se queman todos los artefactos electrodomésticos. Cuando la gente hace el reclamo, le piden boletas de compra y un presupuesto del servicio técnico”. La quema de electrodomésticos es cosa corriente en Orán, tanto es así que la delegación de Defensa del Consumidor de la provincia recibió solamente en enero 20 denuncias por quema de artefactos debido a la inestabilidad en la tensión eléctrica.

Desde Defensa del Consumidor de Orán y de Tartagal, sus delegados explicaron a Salta/12 que la Secretaría provincial no tiene competencia sobre la empresa de energía salteña. El procedimiento administrativo de Defensa del Consumidor no puede continuar, porque es el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) el organismo que tiene competencia para multar a la empresa que presta el servicio. “En Tartagal informamos a los vecinos cuál es el procedimiento”, dijo Angelo Gerez, delegado de la Secretaría en esa ciudad. Pero repitió: “nosotros no tenemos competencia, es facultad del Ente. Además, Edesa  cuenta con un formulario especial para esas denuncias”.

Para Huerga, el servicio de Edesa es “un atentado contra la salud”. Contó que todos los días hay cortes de luz o problemas con la tensión y por lo tanto se rompen las cadenas de frío en los negocios o en los supermercados. “Además, hay que imaginar la vida de las personas electro dependientes”, recordó. “La desidia política es muy grande. Tartagal no tiene gas natural cuando lo tiene bajo sus pies. Orán no tiene electricidad, cuando la central térmica más próxima (General Güemes) no se encuentra muy lejos de aquí (220 kilómetros al sur)”. Explicó además que esa central se abastece con insumos que se encuentran en la región (biomasa de desechos industriales de la caña de azúcar, derivados del petróleo). Por otro lado, denunció que desde 2017 existe un Fondo de Inversión Operativo que Edesa cobra a todos los vecinos y vecinas para realizar obras de mejora en la estructura del servicio. “Ese fondo debería estar en cero, pero por informes que solicitamos desde el Concejo Deliberante, sabemos que no se utilizaron. Es escandaloso el gasto que no hacen”, aseguró.

Los problemas se extienden hasta la frontera con Bolivia. Lucía Vela, presidenta de la Cámara de Comercio de Aguas Blancas, contó sobre las colas interminables de ciudadanos argentinos y bolivianos sobre el puente internacional de Aguas Blancas / Bermejo. “El martes cortaron la luz toda la mañana. Las autoridades tuvieron que hacer los papeles a mano. El servicio es pésimo y se queman los aparatos. Las heladeras no aguantan y los pequeños comercios tienen que tirar los productos”, dijo. Aguas Blancas forma parte del departamento Orán, y se accede a él por la ruta nacional 50. Es el último pueblo argentino antes de ingresar al vecino Estado Plurinacional de Bolivia.


Los referentes del acampe de Orán no dejan de estudiar tarifas eléctricas de distintas provincias. “En Buenos Aires, EDESUR por un consumo de 155 kilovatio/hora cobra 584,43. La facturación es bimestral”, aclaran. “En Salta, Edesa le factura a un usuario por un consumo menor a los 86 kilovatios/hora $ 2.424,24. Y la facturación es mensual”, continúan. “Otro ejemplo: en Formosa la estatal REFSA, por un consumo bimestral de 2.253 kwh cobra $ 8.210. En Salta, Edesa le factura a un usuario por un consumo mensual 2.684 kwh $ 62.895,39. Es una aberración”, denuncian en un documento que circuló en redes sociales. Cuestionan también el cobro del IVA por parte de la empresa y la tasa de incidencia de alumbrado público. “Pagamos dos veces el alumbrado público, a Edesa y al municipio”.

Los vecinos y organizaciones de Tartagal reclaman derechos. Los vecinos de Orán reclaman el costo del kilovatio/hora, el tipo de servicio que se brinda, las obras que no ejecutó la empresa para mejorarlos. Y básicamente, que si se estatiza la empresa distribuidora, la nueva gestión incluya a los usuarios entre los representantes que se sientan en la mesa a discutir cuadros tarifarios. 

SALTA LA REPRESIVA

  ‘Salta la linda’ vuelve a teñirse de represión, encarcelamientos y de gente que mira para otro lado. Como cualquier ciudad Latinoamerican...