viernes, 3 de febrero de 2023

La prensa de Salta sobre el protocolo del gobierno de Salta

 

La prensa no se calla 

por Maira López

El protocolo también incursiona en un intento de regular la labor de los medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. "Los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones", empieza el texto, pero enseguida afirma: "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfleran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información".

Esto generó malestar dentro de la prensa de Salta. Para el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal), lo dispuesto por Sáenz no sólo le da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, sino que también "disponen condicionantes que puede ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas". 

En ese sentido, el Siprensal exigió que las autoridades revisen el punto que hace referencia a la tarea periodística, dado que "puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad". 

En tanto, para la Asociación de Periodistas de Salta (Apes), el protocolo significó "un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial". Por ello, exigió que se revea a la brevedad el decreto y "se deje inmediatamente sin efecto" la mención a la labor de la prensa, puesto que existe una "clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo". 

La Apes también recordó "viejas solicitudes" que le hicieron al gobernador por "la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística y la falta de garantías de seguridad con la que contamos como periodistas a la hora de realizar una cobertura".

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