Carmelitas descalzas denunciaron a un arzobispo por violencia de género

 El arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, fue denunciado por violencia de género por las monjas del Convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas, junto a otros dos religiosos, por lo que se le prohibió el acercamiento a la residencia de las hermanas y deberá presentarse a una audiencia el próximo 3 de mayo, informaron este martes fuentes vinculadas a la causa.

“Las situaciones de hostilidad, que se dieron desde 1999 hasta el lunes pasado, llevaron a que la madre superiora decidiera hacer esta denuncia, porque las carmelitas descalzas necesitan vivir sin violencia, cuidar su integridad física, que respeten sus creencias y la autonomía del monasterio”, expresó la abogada Claudia Zerda Lamas.

La letrada, que patrocina a las monjas denunciantes junto a José Viola, aseguró en declaraciones a FM Aries que “el hostigamiento” del arzobispo de Salta sobre las monjas de ese convento es “insoportable”.

Se trata de una denuncia radicada la semana pasada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña, que recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de María Carolina Cáceres Moreno, cuya carátula es "Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín, por violencia de género”, aunque los denunciantes agregaron al cura Lucio Ajaya.

La jueza resolvió de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y a Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencia de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora, María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio.

Se trata de una denuncia radicada la semana pasada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña.

Además, a los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del ConventoSan Bernardo, se ordenó una custodia policial y se fijó audiencia judicial para el 3 de mayo.

El abogado Eduardo Romani se presentó el pasado lunes ante la justicia salteña como representante de Cargnello y según dijo a Télam aún no tuvo acceso al expediente, por lo que está “esperando que lo habiliten”.

La defensa de las monjas

Zerda Lamas reveló que "esta denuncia en la justicia ordinaria de Salta ya ha sido motivo de otra denuncia en la Santa Sede”, pero señaló que “el tiempo canónico es distinto al tiempo real”.

“Evidentemente esto está en tratamiento”, detalló, tras lo que apuntó que existió “una visita apostólica” en la que el visitador “es uno de los denunciados, monseñor Martín Elizalde”.

"Fue una visita difícil, donde las monjas han sentido que se ha querido romper su juicio, que han querido minimizar la situación de violencia que viven”, dijo y agregó que esperan “lo que vaya a decir la Santa Sede” sobre este caso.

Para la abogada, el trato que reciben las monjas por parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Salta les genera un “enorme sufrimiento y daño desde hace muchos años”, prácticamente desde la llegada del actual arzobispo a Salta, momento en que se registra un cambio en el trato entre el convento y las autoridades eclesiásticas.

Convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas en Salta.

Por ello, consideró que la decisión de realizar la denuncia judicial responde a la necesidad de “asegurar que el trato del señor arzobispo sea en condiciones de dignidad y respeto”.

La letrada omitió referirse a los hechos puntuales denunciados “por entender que las cuestiones de género rozan aspectos muy personales y sensibles tanto de las denunciantes como del denunciado”, y aclaró que “las hermanas carmelitas no tienen celulares porque son monjas de clausura”, al referirse a los rumores que indican que existen videos que avalan lo que se denunció.

Zerda Lamas se limitó a explicar que se trata de “agresiones verbales, otras que han ido un poquito más, amenazas”, tras lo que sostuvo que el solo hecho de “amenazar o soslayar la posibilidad que pueda ser intervenido el convento, sin razón por supuesto, y que pierdan su casa, su hábitat natural”, ya altera la vida de las monjas, que se rigen por las “reglas carmelitanas”.

Asimismo, comentó que son 18 las monjas que residen en el Convento San Bernardo, situado en la primera calle de la calle Caseros, en el centro de la ciudad de Salta, a las que consideró “personas alegres, que transmiten optimismo y esperanza, dedicadas a la oración y al trabajo en el marco del silencio”.

Murió una joven wichí de 23 años por infección generalizada

Es de una comunidad indígena de la periferia de Tartagal. La familia sostuvo que la hicieron esperar en la guardia. 

Una joven de 23 años falleció en la madrugada del miércoles último en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, tras una infección generalizada que tuvo su origen en un problema en la vesícula. Dos versiones se conocieron sobre la presunta falta de atención adecuada a la joven: por un lado, la familia sostuvo en declaraciones públicas que hubo demoras en la atención; por el otro, el Ministerio de Salud dijo que la mujer se retiró del Hospital sin alta médica autorizada. 

Según difundieron medios tartagalenses, Micaela Saravia falleció el miércoles a las 14. Según su suegro, Elías Lorio, cacique de la comunidad wichí Cambai 2, la joven que era madre de dos niñas, fue al Hospital por un malestar en la vesícula. Estuvo desde la mañana hasta las 16, cuando "recién fue ingresada por la guardia". Luego, y por causas que la familia desconocía, fue derivada a terapia intensiva, en donde falleció.

El Ministerio de Salud de la provincia informó a Salta/12 que el lunes pasado una mujer ingresó por la guardia del Hospital, a las 19. En ese momento le pusieron suero y le suministraron calmantes. Tras habérsele realizado una tomografía de abdomen y de tórax, se diagnosticó un problema vesicular de compromiso. 

"La paciente es internada, pero ya manifestaba que se iba a ir a su domicilio", aseguró la cartera de Salud. Afirmó que pese a que se le explicó la necesidad de asistencia e intervención médica, la mujer se retiró "sin previo aviso" del Hospital a las 13 del martes, dirigiéndose a su domicilio en Kilómetro 5.

"El gerente, Santiago Payo, concurrió a su domicilio a buscarla y a convencer a ella y a sus familiares de la necesidad de que concurra nuevamente al Hospital para que continúe con la asistencia médica", sostiene el comunicado oficial. Añade que, sin embargo, recién alrededor de las 20.30 del martes un familiar solicitó una ambulancia con el fin de darle urgente atención a Saravia. La solicitud fue a raíz del "mal estado general que padecía la paciente".

Saravia fue reingresada por guardia cerca de las 21 y derivada luego a terapia intensiva. "En ese momento, la paciente saturaba por debajo de los parámetros normales", se indicó. Ya a las 23.30, "el equipo intensivista decide intubarla por la insuficiencia respiratoria que tenía y débito porráceo (bilis o vómito), con complicaciones intestinales y fallece a la hora".

En el norte de Salta

Son noticias que en Buenos Aires, han tenido más repercusión ya que la policía sigue matando jóvenes. Esta noticia del norte de Salta, denuncia el atropello de la policía local. No hubo muertes. la madre del joven que conducía una moto aclara de cómo los policías han actuado.

Son notas instantáneas, pero que ilustran cómo funciona la policía en el interior.
 

Salta Capital y el norte provincial concentran la mayor cantidad de niñas gestantes

 

Salud presentó las estadísticas de niñez y adolescencia 2017-2019. El suicidio es la primera causa externa de muerte entre niños niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. 

En el Ministerio de Salud de la provincia se presentó ayer el informe estadístico “Indicadores Seleccionados de Salud Integral en las Adolescencias de Salta 2017-2019”, del cual surge que los números de embarazos registrados en niñeces gestantes (10 a 14 años) bajaron en estos años desde la cantidad registrada en 2016. Ese año hubo 190 nacidos vivos de niñas de hasta 14 años, pasando por 197, 185 y 150 casos en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

Más allá del descenso señalado por las autoridades de Salud de la provincia, salta a la vista el número (parcial) del drama social que afecta a la provincia: el de los abusos sexuales a niñas y adolescentes. En cuatro años 750 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres. A este número se suman 131 nenas cuyos abortos fueron registrados en el sistema de salud. Estas 881 niñas de hasta 14 años fueron abusadas en cuatro años en la provincia. La cifra total de víctimas de este delito aberrante es bastante más alta si se tiene en cuenta que no necesariamento quedaron embarazadas todas las víctimas, y que no todos los abortos practicados a menores de edad fueron realizados en el sistema de salud pública.  

Del análisis del informe surge también que, según el lugar de residencia de la persona gestante, hay áreas operativas (que corresponden a una división del territorio salteño según la región a la que se refiera) que “presentan porcentajes superiores al 30 por ciento. Éstas se localizan en dos zonas sanitarias: zona norte Alto la Sierra (34,1 por ciento), Rivadavia Banda Sur (32,2 por ciento) y La Unión (31,2 por ciento)”, todos municipios del departamento Rivadavia, pasando luego a “zona oeste, Angastaco (36,6 por ciento) y Nazareno (31,6 por ciento)”, de los departamentos San Carlos y Santa Victoria, respectivamente.

Sin embargo, se indica que las áreas operativas con mayor cantidad de nacidos vivos entre personas de 10 a 14 años en 2019 fueron Tartagal, donde se registraron 57, Orán con 43 y Salta Capital con 22.

Se indicó que al “analizar la evolución de la Tasa de Fecundidad Adolescente en la provincia de Salta, se observa que la tendencia es al decrecimiento puesto que, en la adolescencia tardía (15 a 19 años), entre el 2014 y el 2019, se observa una disminución del 20 por ciento” en la población total de ese grupo etario. “Este dato encuentra correlato con la Tasa de Fecundidad Total que muestra un decrecimiento del 20,8 por ciento”, en las poblaciones de esta edad, sostiene el informe. Sin embargo, la tasa de nacidos vivos en 2017 era del 0.7 por ciento entre gestantes de 10 a 14, y del 0.89 por ciento en 2019 en este mismo sector de la niñez.

Egresos por abortos

En los años que analizaron en el informe, aún no estaba vigente la Ley N° 27.610 que garantiza las interrupciones voluntarias y legales del embarazo, (IVE e ILE). 

Se advierte que “los datos disponibles no posibilitan ver las condiciones en las que las personas llegan al hospital, sus trayectorias socioeconómicas, así como tampoco hay registros de aquellos abortos que se produjeron en la clandestinidad”. A ello se añade que entre esos egresos por aborto “no se diferencia si son espontáneos o inducidos”. Del análisis entre 2018-2019 “se puede ver que los egresos hospitalarios por abortos de personas adolescentes (de 10 a 14 y de 15 a 19 años) fueron decreciendo”. En detalle, egresos por aborto en niñeces de 10 a 14 años fueron 27 en 2016, en 2017 se registraron 35, 31 en 2018, y 38 en 2019.

El cuadro también contabiliza en este caso los egresos por abortos de 2014, cuando fueron 42, y de 2015, 29. Como se aprecia, en este caso, la cantidad de niñas embarazadas (siempre como consecuencia de abusos sexuales) tiene una caída importante si se comparan el número de 2014 con el de 2016, cuando se registró el número más bajo en el período considerado. En 2017 se observa un aumento (sin alcanzar la cantidad de 2014), en 2018 hay una nueva caída y en 2019, un nuevo ascenso. 

En 2018 se atendieron “5 abortos con complicaciones en adolescentes de 10 a 14 años; mientras que en adolescentes del grupo 15 y 19 años, se atendieron 121 abortos con complicaciones”, lo cual, se analizó, corresponde a 10 abortos con complicaciones por mes solamente en personas gestantes entre los 10 y 19 años en aquel año. 

En 2019, “considerando la población comprendida entre los 10 y 14 años, hubo atención de 6 casos de aborto con complicaciones; mientras que, para la población de 15 a 19 años, se realizaron 84 intervenciones de abortos con complicaciones (equivalente a 7 abortos mensuales con complicaciones)”.

Suicidio, la primera causa externa de mortalidad

Otro dato que dejó el informe tiene que ver con las causas de muertes de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. “El promedio de suicidios por año —durante el periodo estudiado— corresponde a 46 por año”, sostiene entre sus conclusiones el análisis estadístico. Añade que entre 2014 y 2019 ocurrieron 279 episodios entre este grupo etario registrándose en 2014 un total de 56 casos, 55 en 2015, 35 en 2016, 53 en 2017, 44 en 2018 y 36 en 2019.

En las estadísticas se dividen las causas externas (no biológicas) de muerte entre “otras causas”, que es la que más casos concentra, para luego seguirle el punteo de Suicidio, Homicidio y Accidente. Entre estas últimas tres, el suicidio es la que más casos registra, y con un porcentaje mayor entre varones.

La pandemia y la complicación de sistematizar

En la presentación que se realizó ayer ante la presencia el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, y del especialista de salud de UNICEF Argentina, Fernando Sigman, la supervisora de Salud Adolescente, Ileana Fernández, explicó que sobre la información de los años posteriores, la pandemia suscitada en 2020 imposibilitó la sistematización de los indicadores. “Actualmente, se trabaja en la búsqueda y recolección de datos, de los dos últimos años, a fin de que -anualmente- se presente el documento”, dijo.

Aunque se registró un descenso en la fecundidad desde 2015 “aún se debe fortalecer la asistencia y el trabajo en las adolescentes embarazadas, menores de 15 años”, se indicó.

La funcionaria afirmó que se continuará poniendo énfasis en el trabajo con adolescentes varones, de entre 15 y 20 años, por los eventos de intentos de suicidio.

Sigman manifestó asimismo que “la Supervisión está conformada por profesionales comprometidos con las problemáticas del grupo etario y los resultados quedaron plasmados en el boletín”.

“Se trabaja articuladamente con la provincia con la finalidad de seguir fomentando el trabajo de las asesorías de salud integral adolescente en establecimientos educativos secundarios porque demostró ser una herramienta efectiva para el acceso de los jóvenes al sistema de salud”, sostuvo el referente de UNICEF.

Además, indicó que se busca continuar alentando la participación adolescente para la creación de políticas públicas y robustecer la calidad en la atención adolescente en los establecimientos de Primer Nivel de Atención, no tan solo en los de Capital, sino considerando los del interior provincial.

Fuente: Pag 12

Una bodega de Cafayate no consigue recolectores para la cosecha

 

En medio de la nueva campaña para la vendimia 2022, la bodega El Esteco, en Cafayate, emitió un comunicado solicitando cosecheros debido a que en los últimos años la oferta laboral mermó mientras las extensiones plantadas y la producción crecen.

En el anuncio se aclara que el transporte del personal está a cargo de la firma, que la cosecha se extenderá hasta finales de abril (tiempo en el que se puede colectar la uva), y resalta que “la contratación es en blanco y no se pierden planes sociales”.

En diálogo con Salta/12, el gerente operativo de El Esteco, Fabián Cornejo, expresó su preocupación ya que están a mediados de marzo, con la cosecha iniciada, y aún le faltan unos 40 cosecheros de los 90 que necesitan. Asimismo, sostuvo que una de las causas de esta falta de oferta laboral se debe al miedo que tienen muchos trabajadores del sector de perder las asignaciones, planes y programas con los que subsisten gran parte del año.

Ese miedo está provocado por un desconocimiento generalizado, ya que en agosto de 2021 el presidente Alberto Fernández, a través del decreto 514/2021, y por un pedido expreso de la unión de Trabajadores de la Economía Popular, le ordenó a la ANSES que sostenga el pago de las AUH, los Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar a todos los trabajadores rurales durante la época de cosecha a pesar de haber sido registrados.

Hasta el año pasado la Administración Nacional de Seguridad Social establecía que los beneficiarios de la AUH no podían percibir ingresos como trabajadores formales. Lo que provocaba que muchos empleos temporarios como el que se da durante la época de la vendimia, terminaban por voltear esas asignaciones o en otros casos se bloqueaban y luego les costaba mucho volver a darse de alta. Por lo que la medida nacional buscó justamente que se siga pagando ese beneficio permitiéndoles obtener un ingreso extra “registrados” por algunos meses.

“Acá la mayoría desconoce aún esa medida y tienen miedo de perder las asignaciones”, explicó Cornejo, quien además reconoció que “por ahí el precio acordado a nivel nacional por gamela (el tacho en donde se recolecta la uva) es bajo”. Ese precio se negocia una vez al año entre las cámaras de bodegueros y los sindicatos y para este año se acordó un valor de $72,75 por gamela de uva fina, que es la más difícil de recolectar, mientras que para otras variedades como la torrontés, el precio se baja a la mitad, es decir, unos $36 por cada tacho que pesa algo más de 20 kilos.

El gerente reveló que muchas bodegas más pequeñas “están contratando gente ofreciendo un mejor pago, pero de manera informal”, algo que aseguró ellos no pueden hacer por los controles. Añadió que comenzaron a aparecer “cuadrilleros”, que son quienes ofrecen el personal de manera tercerizada “no sé cómo ellos consiguen gente y en qué condiciones y nosotros no”, se preguntó el gerente, al tiempo que comentó que están buscando alternativas y gente de otros lugares “pero eso es para salvar la cosecha ahora, no sé qué vamos a hacer el año que viene”.

El representante de la bodega detalló que en los últimos años se mejoró la producción debido a que se amplió la cosecha, se mejoró el desarrollo y se plantó más superficie, lo que genera más necesidad de mano de obra. Aunque aclaró que eso no significa aún “un crecimiento significativo”, sino que es sostenido.

Por su parte, el delegado gremial del Sindicato de Obreros Vitivinícolas de Cafayate en esa bodega, Samuel Huerta, confirmó los dichos del gerente operativo de la empresa en cuanto al temor que tienen los vecinos de perder o que les suspendan las asignaciones “la gente tiene miedo de perder ese beneficio por 40 días de cosecha, que además no te deja una buena diferencia”, sostuvo.

Pero por sobre todas las cosas afirmó que el problema tiene que ver con el exiguo monto que se paga por cada gamela cosechada “el arreglo no fue el que se esperaba, está muy baja la paga”, sostuvo. Y lo fundamentó en cuanto a que en Cafayate la mayor cosecha es de uva torrontés “que se paga a unos $36 por cada tacho”, lo que para muchos que no tienen la fuerza, edad, o experiencia suficientes, no equivale a un mínimo jornal para cubrir la canasta básica.

El representante gremial relató que “la gente hace una ecuación básica y calcula la tira de pan”, que en los Valles Calchaquíes hoy supera los $40 “por lo que todo el trabajo de recolección y cargar el peso de una gamela, alcanza a cubrir una sola tira de pan, y ni hablar si lo comparamos con el kilo de carne, azúcar o yerba”.

Un cosechero joven, en buen estado físico y con experiencia, puede levantar entre 40 y 45 gamelas por día, contó, pero los demás, sobre todo los mayores “que ya no tienen la misma capacidad”, alcanzan la mitad de esa producción, lo que significan apenas entre $700 y $800 por jornales que muchas de las veces superan las 8 horas y en donde deben caminar cientos de metros y hasta subir escaleras con tachos que superan los 20 kilos sobre sus hombros para depositarlos en los toneles que luego procesan la uva hasta convertirla finalmente en vino. “Es un trabajo muy sacrificado para la poca paga que se recibe”, expresó Luna.

Recordó que en sus épocas “hace más de 30 años”, quienes trabajaban en la cosecha podían vivir de lo que obtenían “entre tres a cuatro meses fácil”, pero esa paga se fue deteriorando de tal manera “que hoy en día no sirve y no convence a nadie”. “No hay incentivo para venir a trabajar”, agregó. Y se quejó de la representatividad gremial a la hora de acordar el precio de la cosecha y de los sueldos de los pocos contratados de manera regular. Allí, indicó, si bien se acordó un aumento del 47% para este año con un 10% no remunerativo y en tres cuotas: “los salarios son tan bajos que no impacta en el bolsillo ese aumento”. Calculó que en ningún caso superaban los $50.000, por lo que al final del camino obtendrían algo más de $70.000 mensuales.

La cosecha

El gerente de la bodega El Esteco consideró que la cosecha de este año será buena, aunque no superará la de años anteriores debido a que no acompañaron las condiciones climáticas: “fue una temporada muy húmeda” que provocó que la madurez de la uva se prolongue y otra tanda se termine por pudrir. “Si el clima se estabiliza se mejorará un poco”, agregó.

El viñatero relató que los rendimientos varían mucho de acuerdo al varietal y la calidad que se busca. Mientras que en el torrontés se pueden obtener desde 15.000 kilos hasta 30.000 por hectárea de acuerdo a la calidad que se quiera obtener, “no es como la producción de soja, que se estima si es bueno o malo de acuerdo a cuánto se obtuvo por hectárea, acá depende de la calidad también, que puede hacer bajar la cantidad”.

Recordó que si bien Salta es una de las provincias productoras de vino, ocupa un porcentaje residual al lado de otras provincias como Mendoza o San Juan y genera alrededor del 3% de la producción nacional.

Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en 2021 se obtuvieron unos 32 millones de kilos de uva en la zona vitivinícola de Cafayate, registro que superó por poco los 31 millones de 2020. 

fuente: Pag 12. Nota de Nicolás Hirtz

Diputados pidió informes por una denuncia contra el secretario de Salud de Salta

 

Tras la difusión por redes sociales de una denuncia por violencia de género contra el secretario de Salud de la provincia, Facundo Humacata, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados elevó el lunes último un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública de Salta.

Así lo ratificó la diputada provincial Gladys Paredes, integrante de la Comisión de la Mujer. La legisladora dijo a Salta/12 que se solicitó al ministro de Salud, Juan José Esteban, que indique si había tomado conocimiento de la denuncia contra su segundo en la cartera sanitaria, y si se habían tomado medidas “le pedimos (esa información) en tanto (Humacata) es un funcionario público” afirmó Paredes, quien precisó que la decisión de elevar el informe fue unánime.

La denuncia contra Humacata fue radicada el viernes 4 de marzo por una mujer de 35 años ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) en Salta Capital. En el acta de esta denuncia, que se dio a conocer por las redes sociales ese mismo día, se describe escuetamente que la mujer estuvo en pareja con el funcionario por un año hasta diciembre de 2021. Para poder continuar con las actuaciones, se dispuso la integración de un equipo interdisciplinario de la oficina para realizar el informe pertinente. Mientras, por las redes sociales, se afirmó que la denuncia radicada fue por violencia física, sexual y psicológica.

“La denuncia se va a ampliar”, dijo a Salta/12 Gloria Cruz, abogada de la denunciante. Por el momento, las actuaciones están a cargo del Juzgado de Violencia de Género N° 1. 

Cruz evitó dar detalles de las situaciones por las cuales se radicó la denuncia, pero sí hizo consideraciones respecto de las responsabilidades o requisitos que deberían reunir quienes cumplen funciones públicas. “Si vamos a implementar una política de género y erradicar la violencia, una de los requisitos del Observatorio (de Violencia contra la Mujer) es que los curriculum de los funcionarios no tendrían que tener antecedentes” relacionados con violencia de género, más cuando la provincia continúa en emergencia por ese tema, dijo. 

En cuanto al caso en sí mismo, la abogada afirmó que por el momento la Justicia ordenó a Humacata la prohibición de acercamiento a la mujer (quien también es profesional de la salud). Tampoco puede proferir insultos en su contra y dispuso una consigna policial fija y ambulatoria.

Desde el Polo de la Mujer, en tanto, se añadió que apenas conocieron de la situación se pusieron en contacto con la denunciante para asesorarla y acompañarla.

Aunque en esta semana Humacata salió en su defensa en medios locales, no hubo respuestas a los requerimientos solicitados por Salta/12 para conocer su versión de la situación.

Fuente: Pag 12. Salta

Otra historia de abandono y vulneración de derechos

 

Florencia Isabel Torrez, la niña wichí asesinada el sábado último, era huérfana de madre y a su corta edad, era ya una migrante y había pasado por otras experiencias terribles, como ser abusada por un adulto a partir de los 11 años, cuanto menos. 

Según pudo reconstruir Salta/12 por el relato de personas cercanas a la familia, Florencia vivía en el seno de una familia muy pobre constituida por su padre, Ariel Darío Torrez; su madrastra, Nancy Campos, y su hermana, dos medio hermanos y otros hijos de su madrastra. 

Con su hermanita, un año menor que ella, Florencia había nacido en la comunidad Misión Wichí, de Pichanal, en el departamento Orán. Cuando ambas eran todavía bebés su madre y su padre se separaron. Cuando tenían cuatro o cinco años su madre se acompañó entonces con un hombre de Misión Carboncito, otra comunidad wichí, ya ubicada en el departamento San Martín, siempre en el norte. Pero hace unos tres años la madre falleció y las hermanitas fueron entregadas a su padre biológico, que las llevó a la comunidad wichí El Algarrobal, en la periferia de Pichanal, y luego a la comunidad Nueva Jerusalén, del Pueblo Ava Guaraní, en el mismo pueblo. 

En ese lugar Florencia pasaba sus días, casi sin hallarse, yendo de la comunidad en la que vivía a otra, “estaba como de un lugar a otro siempre”, contó una de las mujeres que ayer se acercó a tratar de contener y ayudar a su familia. “Es una niña. Me duele el abandono, me duele la invisibilización que tenía”, lamentó esta persona.

Esta mujer, que ofició de vocera de la familia, integra el grupo Kuape Äi (Aquí estoy), de "mujeres que ayudan a mujeres", integrado por mujeres de la comunidad Misión San Francisco, ubicada en Pichanal también. 

Florencia fue asesinada la tarde del 5 de marzo. Su cuerpo fue abandonado cerca de la ruta provincial 5, en un lugar próximo al cementerio de Pichanal. Por lo que poco que trascendió, se sabe que estaba en compañía de un joven cuando su "ex pareja" irrumpió agrediendo primero a este hombre y luego la atacó con un cuchillo con el que le provocó al menos dos heridas en el pecho. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que estos dos hombres ya fueron detenidos y serán sometidos hoy a la audiencia de imputación por parte de la fiscala de Orán Claudia Carreras, que interviene en la investigación. 

La familia de la chica identificó al agresor con nombre y apellido, un hombre criollo de unos 25 años de edad al que describió como "especial" (porque asistía a una escuela especial) y que mantenía una relación con la niña (en realidad un abuso sexual) desde "hace más de tres años", es decir, cuando tenía 11 años. La familia contó que la niña vivió con este hombre "un tiempito" pero luego "no quería saber más nada con él" y trató de apartarse, pero "él en este último tiempo venía, la amenazaba, le gritaba desde la calle”.

Anuncios de contención 

Las mujeres del grupo Kuape Aï fueron quizás la única contención que recibió la familia en estas horas amargas. Hay promesas de que hoy llegará ayuda del Estado. 

Por la descripción que hicieron las personas allegadas, la familia de Florencia carece de todo, desde alimento diario a la más mínima información sobre el trámite judicial que se lleva a cabo tras el femicidio. Anoche mismo hubo que organizar una vaquita para proveer alimentos a los niños de la famlia, porque el padre hace changas en fincas y solo le pagan por día trabajado. 

Y el padre, luego de que le informaran de que hoy le entregarían el cuerpo (tras la autopsia), desesperaba pensando de dónde iba a sacar la plata para pagar un cajón. Hasta la tarde de ayer (al día siguiente del femicidio) nadie de la Municipalidad de Pichanal se había acercado a ofrecerle una ayuda, ni una palaba de aliento. Tampoco se había acercado nadie del Estado provincial. Tampoco recibió información del proceso penal, de las detenciones se enteró por los medios de comunicación masivos. 

Quizás la primera comunicación oficial que recibió la familia, fue de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alertada por militantes feministas de la provincia, que comenzaron a movilizarse luego de que el grupo Kuape Äi alertara sobre la situación de vulneración de derechos, de "abandono", en la que se encuentra la familia de Florencia. "La hermanita, un año menor que Florencia, nos cuenta que no va a la escuela, tiene unas ganas enormes de ir a la escuela”, relató una de estas mujeres. 

Ayer, luego de que activistas feministas llamaran a distintas instancias estatales, la referente local del Programa Acompañar, de la Nación, informó que aunque no les compete actuar en estas situaciones como ésta, iban a comunicarse con el equipo de trabajo de Orán (distante casi 30 kilómetros de Pichanal) para que hoy visite a la familia. 

Y el Programa de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la provincia informó que hoy a primera hora partirá un equipo a Pichanal, ubicada a casi 260 kilómetros de la capital provincial. Más tarde la provincia difundió un comunicado en el que, bajo el título "El Gobierno articula acciones para brindar contención a la familia de la niña wichi víctima de femicidio de Pichanal", indicó que el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Justicia "comenzaron a trabajar en acciones para brindar contención y acompañamiento a la familia de la víctima".

También dice que "al tomar conocimiento del femicidio", la Secretaría de Asuntos Indígenas (que depende de la cartera de Desarrollo Social) se contactó con autoridades municipales de Pichanal y la Secretaría de Justicia "para articular acciones" de contención, cuyos efectos alcanzarían recién hoy a la familia, tres días después de la muerte de la niña. 

Este es el tercer femicidio en dos meses en Salta. El 15 de enero fue asesinada Pamela Julia Flores, una niña wichí de la localidad de Pluma de Pato, también en el norte salteño. Por el hecho está detenido un adolescente de 17 años, también wichí, que asegura que era su novio. 

El otro femicidio se cometió el 1 de marzo en La Merced, pueblito de la zona de los valles, cercano a la capital provincial. En este caso la asesinada fue una mujer de 30 años, Yesica Villagra, y su asesino fue su pareja, Luciano Cerezo, quien luego se quitó la vida. La violencia del hombre dejó a dos niñes huérfanos. 

fuente: Elena Corvalán. Página 12 Salta