Una bodega de Cafayate no consigue recolectores para la cosecha

 

En medio de la nueva campaña para la vendimia 2022, la bodega El Esteco, en Cafayate, emitió un comunicado solicitando cosecheros debido a que en los últimos años la oferta laboral mermó mientras las extensiones plantadas y la producción crecen.

En el anuncio se aclara que el transporte del personal está a cargo de la firma, que la cosecha se extenderá hasta finales de abril (tiempo en el que se puede colectar la uva), y resalta que “la contratación es en blanco y no se pierden planes sociales”.

En diálogo con Salta/12, el gerente operativo de El Esteco, Fabián Cornejo, expresó su preocupación ya que están a mediados de marzo, con la cosecha iniciada, y aún le faltan unos 40 cosecheros de los 90 que necesitan. Asimismo, sostuvo que una de las causas de esta falta de oferta laboral se debe al miedo que tienen muchos trabajadores del sector de perder las asignaciones, planes y programas con los que subsisten gran parte del año.

Ese miedo está provocado por un desconocimiento generalizado, ya que en agosto de 2021 el presidente Alberto Fernández, a través del decreto 514/2021, y por un pedido expreso de la unión de Trabajadores de la Economía Popular, le ordenó a la ANSES que sostenga el pago de las AUH, los Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar a todos los trabajadores rurales durante la época de cosecha a pesar de haber sido registrados.

Hasta el año pasado la Administración Nacional de Seguridad Social establecía que los beneficiarios de la AUH no podían percibir ingresos como trabajadores formales. Lo que provocaba que muchos empleos temporarios como el que se da durante la época de la vendimia, terminaban por voltear esas asignaciones o en otros casos se bloqueaban y luego les costaba mucho volver a darse de alta. Por lo que la medida nacional buscó justamente que se siga pagando ese beneficio permitiéndoles obtener un ingreso extra “registrados” por algunos meses.

“Acá la mayoría desconoce aún esa medida y tienen miedo de perder las asignaciones”, explicó Cornejo, quien además reconoció que “por ahí el precio acordado a nivel nacional por gamela (el tacho en donde se recolecta la uva) es bajo”. Ese precio se negocia una vez al año entre las cámaras de bodegueros y los sindicatos y para este año se acordó un valor de $72,75 por gamela de uva fina, que es la más difícil de recolectar, mientras que para otras variedades como la torrontés, el precio se baja a la mitad, es decir, unos $36 por cada tacho que pesa algo más de 20 kilos.

El gerente reveló que muchas bodegas más pequeñas “están contratando gente ofreciendo un mejor pago, pero de manera informal”, algo que aseguró ellos no pueden hacer por los controles. Añadió que comenzaron a aparecer “cuadrilleros”, que son quienes ofrecen el personal de manera tercerizada “no sé cómo ellos consiguen gente y en qué condiciones y nosotros no”, se preguntó el gerente, al tiempo que comentó que están buscando alternativas y gente de otros lugares “pero eso es para salvar la cosecha ahora, no sé qué vamos a hacer el año que viene”.

El representante de la bodega detalló que en los últimos años se mejoró la producción debido a que se amplió la cosecha, se mejoró el desarrollo y se plantó más superficie, lo que genera más necesidad de mano de obra. Aunque aclaró que eso no significa aún “un crecimiento significativo”, sino que es sostenido.

Por su parte, el delegado gremial del Sindicato de Obreros Vitivinícolas de Cafayate en esa bodega, Samuel Huerta, confirmó los dichos del gerente operativo de la empresa en cuanto al temor que tienen los vecinos de perder o que les suspendan las asignaciones “la gente tiene miedo de perder ese beneficio por 40 días de cosecha, que además no te deja una buena diferencia”, sostuvo.

Pero por sobre todas las cosas afirmó que el problema tiene que ver con el exiguo monto que se paga por cada gamela cosechada “el arreglo no fue el que se esperaba, está muy baja la paga”, sostuvo. Y lo fundamentó en cuanto a que en Cafayate la mayor cosecha es de uva torrontés “que se paga a unos $36 por cada tacho”, lo que para muchos que no tienen la fuerza, edad, o experiencia suficientes, no equivale a un mínimo jornal para cubrir la canasta básica.

El representante gremial relató que “la gente hace una ecuación básica y calcula la tira de pan”, que en los Valles Calchaquíes hoy supera los $40 “por lo que todo el trabajo de recolección y cargar el peso de una gamela, alcanza a cubrir una sola tira de pan, y ni hablar si lo comparamos con el kilo de carne, azúcar o yerba”.

Un cosechero joven, en buen estado físico y con experiencia, puede levantar entre 40 y 45 gamelas por día, contó, pero los demás, sobre todo los mayores “que ya no tienen la misma capacidad”, alcanzan la mitad de esa producción, lo que significan apenas entre $700 y $800 por jornales que muchas de las veces superan las 8 horas y en donde deben caminar cientos de metros y hasta subir escaleras con tachos que superan los 20 kilos sobre sus hombros para depositarlos en los toneles que luego procesan la uva hasta convertirla finalmente en vino. “Es un trabajo muy sacrificado para la poca paga que se recibe”, expresó Luna.

Recordó que en sus épocas “hace más de 30 años”, quienes trabajaban en la cosecha podían vivir de lo que obtenían “entre tres a cuatro meses fácil”, pero esa paga se fue deteriorando de tal manera “que hoy en día no sirve y no convence a nadie”. “No hay incentivo para venir a trabajar”, agregó. Y se quejó de la representatividad gremial a la hora de acordar el precio de la cosecha y de los sueldos de los pocos contratados de manera regular. Allí, indicó, si bien se acordó un aumento del 47% para este año con un 10% no remunerativo y en tres cuotas: “los salarios son tan bajos que no impacta en el bolsillo ese aumento”. Calculó que en ningún caso superaban los $50.000, por lo que al final del camino obtendrían algo más de $70.000 mensuales.

La cosecha

El gerente de la bodega El Esteco consideró que la cosecha de este año será buena, aunque no superará la de años anteriores debido a que no acompañaron las condiciones climáticas: “fue una temporada muy húmeda” que provocó que la madurez de la uva se prolongue y otra tanda se termine por pudrir. “Si el clima se estabiliza se mejorará un poco”, agregó.

El viñatero relató que los rendimientos varían mucho de acuerdo al varietal y la calidad que se busca. Mientras que en el torrontés se pueden obtener desde 15.000 kilos hasta 30.000 por hectárea de acuerdo a la calidad que se quiera obtener, “no es como la producción de soja, que se estima si es bueno o malo de acuerdo a cuánto se obtuvo por hectárea, acá depende de la calidad también, que puede hacer bajar la cantidad”.

Recordó que si bien Salta es una de las provincias productoras de vino, ocupa un porcentaje residual al lado de otras provincias como Mendoza o San Juan y genera alrededor del 3% de la producción nacional.

Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en 2021 se obtuvieron unos 32 millones de kilos de uva en la zona vitivinícola de Cafayate, registro que superó por poco los 31 millones de 2020. 

fuente: Pag 12. Nota de Nicolás Hirtz

Diputados pidió informes por una denuncia contra el secretario de Salud de Salta

 

Tras la difusión por redes sociales de una denuncia por violencia de género contra el secretario de Salud de la provincia, Facundo Humacata, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados elevó el lunes último un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública de Salta.

Así lo ratificó la diputada provincial Gladys Paredes, integrante de la Comisión de la Mujer. La legisladora dijo a Salta/12 que se solicitó al ministro de Salud, Juan José Esteban, que indique si había tomado conocimiento de la denuncia contra su segundo en la cartera sanitaria, y si se habían tomado medidas “le pedimos (esa información) en tanto (Humacata) es un funcionario público” afirmó Paredes, quien precisó que la decisión de elevar el informe fue unánime.

La denuncia contra Humacata fue radicada el viernes 4 de marzo por una mujer de 35 años ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) en Salta Capital. En el acta de esta denuncia, que se dio a conocer por las redes sociales ese mismo día, se describe escuetamente que la mujer estuvo en pareja con el funcionario por un año hasta diciembre de 2021. Para poder continuar con las actuaciones, se dispuso la integración de un equipo interdisciplinario de la oficina para realizar el informe pertinente. Mientras, por las redes sociales, se afirmó que la denuncia radicada fue por violencia física, sexual y psicológica.

“La denuncia se va a ampliar”, dijo a Salta/12 Gloria Cruz, abogada de la denunciante. Por el momento, las actuaciones están a cargo del Juzgado de Violencia de Género N° 1. 

Cruz evitó dar detalles de las situaciones por las cuales se radicó la denuncia, pero sí hizo consideraciones respecto de las responsabilidades o requisitos que deberían reunir quienes cumplen funciones públicas. “Si vamos a implementar una política de género y erradicar la violencia, una de los requisitos del Observatorio (de Violencia contra la Mujer) es que los curriculum de los funcionarios no tendrían que tener antecedentes” relacionados con violencia de género, más cuando la provincia continúa en emergencia por ese tema, dijo. 

En cuanto al caso en sí mismo, la abogada afirmó que por el momento la Justicia ordenó a Humacata la prohibición de acercamiento a la mujer (quien también es profesional de la salud). Tampoco puede proferir insultos en su contra y dispuso una consigna policial fija y ambulatoria.

Desde el Polo de la Mujer, en tanto, se añadió que apenas conocieron de la situación se pusieron en contacto con la denunciante para asesorarla y acompañarla.

Aunque en esta semana Humacata salió en su defensa en medios locales, no hubo respuestas a los requerimientos solicitados por Salta/12 para conocer su versión de la situación.

Fuente: Pag 12. Salta

Otra historia de abandono y vulneración de derechos

 

Florencia Isabel Torrez, la niña wichí asesinada el sábado último, era huérfana de madre y a su corta edad, era ya una migrante y había pasado por otras experiencias terribles, como ser abusada por un adulto a partir de los 11 años, cuanto menos. 

Según pudo reconstruir Salta/12 por el relato de personas cercanas a la familia, Florencia vivía en el seno de una familia muy pobre constituida por su padre, Ariel Darío Torrez; su madrastra, Nancy Campos, y su hermana, dos medio hermanos y otros hijos de su madrastra. 

Con su hermanita, un año menor que ella, Florencia había nacido en la comunidad Misión Wichí, de Pichanal, en el departamento Orán. Cuando ambas eran todavía bebés su madre y su padre se separaron. Cuando tenían cuatro o cinco años su madre se acompañó entonces con un hombre de Misión Carboncito, otra comunidad wichí, ya ubicada en el departamento San Martín, siempre en el norte. Pero hace unos tres años la madre falleció y las hermanitas fueron entregadas a su padre biológico, que las llevó a la comunidad wichí El Algarrobal, en la periferia de Pichanal, y luego a la comunidad Nueva Jerusalén, del Pueblo Ava Guaraní, en el mismo pueblo. 

En ese lugar Florencia pasaba sus días, casi sin hallarse, yendo de la comunidad en la que vivía a otra, “estaba como de un lugar a otro siempre”, contó una de las mujeres que ayer se acercó a tratar de contener y ayudar a su familia. “Es una niña. Me duele el abandono, me duele la invisibilización que tenía”, lamentó esta persona.

Esta mujer, que ofició de vocera de la familia, integra el grupo Kuape Äi (Aquí estoy), de "mujeres que ayudan a mujeres", integrado por mujeres de la comunidad Misión San Francisco, ubicada en Pichanal también. 

Florencia fue asesinada la tarde del 5 de marzo. Su cuerpo fue abandonado cerca de la ruta provincial 5, en un lugar próximo al cementerio de Pichanal. Por lo que poco que trascendió, se sabe que estaba en compañía de un joven cuando su "ex pareja" irrumpió agrediendo primero a este hombre y luego la atacó con un cuchillo con el que le provocó al menos dos heridas en el pecho. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que estos dos hombres ya fueron detenidos y serán sometidos hoy a la audiencia de imputación por parte de la fiscala de Orán Claudia Carreras, que interviene en la investigación. 

La familia de la chica identificó al agresor con nombre y apellido, un hombre criollo de unos 25 años de edad al que describió como "especial" (porque asistía a una escuela especial) y que mantenía una relación con la niña (en realidad un abuso sexual) desde "hace más de tres años", es decir, cuando tenía 11 años. La familia contó que la niña vivió con este hombre "un tiempito" pero luego "no quería saber más nada con él" y trató de apartarse, pero "él en este último tiempo venía, la amenazaba, le gritaba desde la calle”.

Anuncios de contención 

Las mujeres del grupo Kuape Aï fueron quizás la única contención que recibió la familia en estas horas amargas. Hay promesas de que hoy llegará ayuda del Estado. 

Por la descripción que hicieron las personas allegadas, la familia de Florencia carece de todo, desde alimento diario a la más mínima información sobre el trámite judicial que se lleva a cabo tras el femicidio. Anoche mismo hubo que organizar una vaquita para proveer alimentos a los niños de la famlia, porque el padre hace changas en fincas y solo le pagan por día trabajado. 

Y el padre, luego de que le informaran de que hoy le entregarían el cuerpo (tras la autopsia), desesperaba pensando de dónde iba a sacar la plata para pagar un cajón. Hasta la tarde de ayer (al día siguiente del femicidio) nadie de la Municipalidad de Pichanal se había acercado a ofrecerle una ayuda, ni una palaba de aliento. Tampoco se había acercado nadie del Estado provincial. Tampoco recibió información del proceso penal, de las detenciones se enteró por los medios de comunicación masivos. 

Quizás la primera comunicación oficial que recibió la familia, fue de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, alertada por militantes feministas de la provincia, que comenzaron a movilizarse luego de que el grupo Kuape Äi alertara sobre la situación de vulneración de derechos, de "abandono", en la que se encuentra la familia de Florencia. "La hermanita, un año menor que Florencia, nos cuenta que no va a la escuela, tiene unas ganas enormes de ir a la escuela”, relató una de estas mujeres. 

Ayer, luego de que activistas feministas llamaran a distintas instancias estatales, la referente local del Programa Acompañar, de la Nación, informó que aunque no les compete actuar en estas situaciones como ésta, iban a comunicarse con el equipo de trabajo de Orán (distante casi 30 kilómetros de Pichanal) para que hoy visite a la familia. 

Y el Programa de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la provincia informó que hoy a primera hora partirá un equipo a Pichanal, ubicada a casi 260 kilómetros de la capital provincial. Más tarde la provincia difundió un comunicado en el que, bajo el título "El Gobierno articula acciones para brindar contención a la familia de la niña wichi víctima de femicidio de Pichanal", indicó que el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Justicia "comenzaron a trabajar en acciones para brindar contención y acompañamiento a la familia de la víctima".

También dice que "al tomar conocimiento del femicidio", la Secretaría de Asuntos Indígenas (que depende de la cartera de Desarrollo Social) se contactó con autoridades municipales de Pichanal y la Secretaría de Justicia "para articular acciones" de contención, cuyos efectos alcanzarían recién hoy a la familia, tres días después de la muerte de la niña. 

Este es el tercer femicidio en dos meses en Salta. El 15 de enero fue asesinada Pamela Julia Flores, una niña wichí de la localidad de Pluma de Pato, también en el norte salteño. Por el hecho está detenido un adolescente de 17 años, también wichí, que asegura que era su novio. 

El otro femicidio se cometió el 1 de marzo en La Merced, pueblito de la zona de los valles, cercano a la capital provincial. En este caso la asesinada fue una mujer de 30 años, Yesica Villagra, y su asesino fue su pareja, Luciano Cerezo, quien luego se quitó la vida. La violencia del hombre dejó a dos niñes huérfanos. 

fuente: Elena Corvalán. Página 12 Salta

Ovnis en Salta

 

La aparición de platos voladores (Ovnis) por algunas regiones de nuestro país, fue la original presentación de José de Zer. Maestro en este nuevo tipo de notas, donde iba a Córdoba al cerro Uritorco, a ver lo que la gente contaba acerca de como veían Ovnis.

Ahora sucede en Salta. Desde Cachi, por Crónica TV, se vio una entrevista a alguien del lugar que hablaba de los avistamientos, para luego concluir en como aparecían 'energías' en la gente. Hasta mostraba una forma de hacer 'contactos', tocando a una persona por la espalda y el cuello. 

Crónica tiene esas formas de 'llenar' la pantalla, y nos tiene acostumbrados con sus estridentes títulos de fondo rojo, o tal vez se abre otro polo turístico,- como lo es Salta- y allí está el negocio.

Médicos con perspectiva intercultural, sin contratos para actuar en el norte salteño

¿Cómo quedó esta situación de los médicos? 

Profesionales que trabajan desde una perspectiva intercultural, y que habían sido convocados para febrero, por presuntas objeciones de la provincia, nuevamente quedaron sin posibilidad de actuar en territorio.

Un grupo de médicos y médicas que habían sido convocados para desempeñarse en territorio en la zona de Santa Victoria Este (SVE), municipio del departamento Rivadavia en el extremo norte salteño, quedaron excluidos de esa labor tras una presunta objeción de la provincia a la contratación de personas que tuvieron o tengan vínculo con la mujer wichí Octorina Zamora.

A fines de enero, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) se había comunicado con la médica wichí Tujuayliya Gea Zamora para, a través de ella, volver a contactar a profesionales médicos que se desempeñaron entre 2020 y 2021 por 7 meses, en la zona del límite tripartito, con un proyecto de Salud Intercultural.

 En 2021 las acciones se truncaron porque el Ministerio de Salud de la provincia pretendía que el grupo fuera “hospitalizado”, es decir, que se desempeñara como establece el sistema de salud hegemónico, cuando la propuesta era rotar en el territorio saliendo de la institución sanitaria precisamente para encontrarse con los habitantes indígenas en sus propias comunidades. Esto implicaba además el relevo de los profesionales tras un periodo de tiempo.

En un comunicado que dieron a conocer los y las profesionales, se indicó que a fines de enero de este año, autoridades de DINESA dialogaron con Gea Zamora y por medio de ella se logró la contratación de una decena de profesionales pertenecientes a la Agrupación Argentina de Graduados en Cuba. Se acordó entonces una grilla de trabajo para que los involucrados se sumaran a los operativos organizados por el Ministerio de Salud de la Nación en la zona de emergencia sanitaria declarada en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. La grilla indicaba que esa decena recorrería el territorio de a dos por 10 días, con relevo pasado ese tiempo en febrero y marzo.

Pero el primer par de mujeres médicas que arribó a la provincia en la segunda quincena de febrero, fue llevado hasta SVE y devuelto al centro de Salta Capital al día siguiente de haber estado en el municipio norteño. Esto sucedió porque una vez que estuvieron en SVE, se enteraron de que Mónica Avalos, una médica de la provincia del Chaco, había estado en contacto cercano con la mujer wichí (y referente en la zona, además de ser madre de una de las médicas) Octorina Zamora. De paso a suelo victoreño, Avalos había dormido en la casa de Octorina, quien vive en Embarcación.

Avalos se quedó sin contrato y la otra médica que había ido con ella, decidió renunciar. Según surge del comunicado de este grupo de profesionales, desde DINESA indicaron que el veto a la contratación de la médica chaqueña fue a pedido de “un funcionario salteño (sin especificar área o sector del Ministerio) a la DINESA, argumentando que la profesional mantenía supuestos vínculos con una reconocida referente indígena de la zona: Octorina Zamora, a quien calificaron de ‘cacica no querida en las comunidades’”.

Violencia y discriminación

Tras esta situación, la médica Gea Zamora recibió un llamado de funcionarios de tercera línea de DINESA comunicando que “por solicitud específica de la Provincia de Salta quedaba sin efecto el compromiso de contratación para el mes de marzo de 2022 de todas y todos los colegas médicos convocados por intermediación de ella”.

Desde la cartera sanitaria se indicó ayer a Salta/12 que la última relación que tuvieron con Gea Zamora fue tras el fallido proyecto de hacer contención de la salud en el territorio y no dentro del hospital, como quería la provincia, en 2021.

Hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Salud de la Nación no respondió las consultas de este medio. 

El grupo vetado por ambas carteras, concluyó que “en plena Emergencia Socio Sanitaria en el norte salteño los ministerios de Salud de Salta y de Nación, en un acto de violencia, discriminación laboral y política, anulan el compromiso de contratación de un equipo médico que cuenta con la formación requerida, con experiencia en el territorio y con una profesional médica indígena de la zona, que constituye un valioso recurso articulador”.

Mientras, en lo que va de 2022 fallecieron tres niños en Santa Victoria Este, más precisamente de la comunidad La Puntana, todos menores de dos años. Sin embargo, referentes de la zona sostienen que hay más niños y niñas indígenas fallecidos por causas evitables, y aunque se solicitaron las estadísticas al Ministerio de Salud de la provincia, aún no hay respuestas.

La respuesta de Esteban 

Tras la publicación de esta nota (y pese a haber sido requerido con anterioridad a su difusión, sin responder a los llamados), el ministro de Salud, Juan José Esteban, pidió que se haga una “aclaración” sobre esta situación. 

En un audio enviado a Salta/12 rechazó en todos sus términos lo publicado en el comunicado emitido por el grupo de médicos. “Jamás se rechazó ni discriminó a profesionales”, afirmó. Y dijo que “sobre todo tenemos médicos venezolanos, cubanos y bolivianos en Santa Victoria Este y (el departamento) San Martín”. Incluso sostuvo que algunos de esos médicos fueron o son gerentes de hospitales. 

“El instrumento legal que es el trámite administrativo es una condición sine qua non para trabajar y tener una ART para salir a terreno”, añadió. Aseguró que esta fue la información que le envió a Octorina Zamora “personalmente, para decirle que le diga a la médica que se presente en la (secretaría) privada de Salud Pública para realizar el trámite administrativo legal”. Y finalizó: “desconozco las intenciones políticas en un tema tan sensible para nosotros”.

Fuente: Laura Urbano. Página12 Salta