Por Laura Urbano
La declaración del Volcán de Llullaillaco, ubicado en Tolar Grande, en el departamento Los Andes, como sitio sagrado por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abrió una revisión a 23 años de la expedición que terminó en la extracción de cuerpos de dos niñas y un niño y su posterior exhibición. El marco del debate se centra en la restitución de este patrimonio a las comunidades indígenas.
La antropóloga y ex directora del Museo de Antropología de Salta (MAS), Blanca Lescano, y uno de los expedicionarios al Volcán en 1999, el arqueólogo Christian Vitry, expusieron sus recuerdos y puntos de vista sobre lo acontecido en aquel momento.
Hace más de dos décadas, cuando se hizo la expedición, la autoridad de aplicación que debía autorizarla era el Museo de Antropología de Salta (MAS). “El órgano de aplicación sigue siendo el MAS que está detrás del monumento a (Martín Miguel de), Güemes”, sostuvo Christian Vitry ante Salta/12.
Sin embargo, los permisos fueron otorgados en aquel momento por una Dirección de Patrimonio Cultural. Su creación, según el relato de Lescano, se dio en el marco de una situación de desorganización administrativa. Esta fue a su vez consecuencia de lo ocurrido a mediados de los '90 tras el despido masivo de empleados públicos provinciales (cerca de 5 mil), por decisión del entonces gobernador y hoy senador nacional Juan Carlos Romero, que declaró "excedentes" a estos trabajadores.
Lescano detalló que en el año en que se hizo la expedición, el MAS se encontraba sin director a cargo. Afirmó que a los despidos en el Museo le siguió la decisión de ser “bajado de categoría”, y a esto se acompañó la creación de la Dirección de Patrimonio Cultural. Fue esta institución la que, finalmente, autorizó la expedición al Volcán de Llullaillaco.
Cuando se hizo la expedición y se dió a conocer el “descubrimiento” de los Niños, tres cuerpos congelados y conservados por más de medio siglo en el Volcán de Llullaillaco, y se supo de las presuntas irregularidades cometidas, Lescano contó que se hicieron las denuncias pertinentes. Fue entonces que la Legislatura convocó al entonces director de Patrimonio Cultural, Mario Lazarovich, y al ministro de Educación, Antonio Lovaglio, para que explicaran las modalidades de extracción de los cuerpos y su traslado a Salta Capital. “Ellos sostuvieron que fue un rescate de urgencia”, recordó la antropóloga. Explicó que ese tipo de rescates se dan cuando restos arqueológicos que encontrados “están en riesgo de desaparecer por un hecho inaudito”, lo cual no ocurría en el momento que se hizo la expedición.
“Ellos (por los expedicionarios) ya sabían que (los Niños) estaban allí”, añadió Lescano al sostener que los integrantes del Club Amigos de la Montaña ya venían haciendo señalizaciones de los restos encontrados en las distintas excursiones. A ese Club, afirmó, pertenecía Vitry.
Christian Vitry, uno de los miembros de la expedición, es hoy arqueólogo. En diálogo con Salta/12, afirmó que hay una equivocación al pensar que se sabía de la presencia de los Niños de Llullaillaco en el Volcán. “Se sabía que habían ruinas. Pero el hallazgo de los Niños fue arriba”, durante la expedición, aseguró.
Al referirse a la polémica desatada tras la declaración de Sitio Sagrado y el pedido de restitución de los Niños, el arqueólogo afirmó que este “tema merece un debate bastante profundo. Porque no es una situación fácil hacer una restitución (…), no es solo que devolvés los cuerpos, sino que hay que devolver todo y dejarlo tal cual estaba y como sociedad no estamos preparados para algo así porque al día siguiente se roban todo”.
Afirmó que la provincia supo hacerse cargo de la custodia de este patrimonio que halló la expedición con la creación del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), al gestionar además tecnología de avanzada y única en el mundo.
Añadió que estaban "autorizados a la extracción de los cuerpos”, y que si bien se habló de un “pacto de silencio” entre quienes participaron de la expedición, en realidad había un “convenio de no publicar nada hasta que no sea publicado por National Geographic”. Quien encabezaba la expedición fue de hecho, Johan Reinhard, entonces explorador de la National Geographic Society.
Vitry también afirmó que en aquel momento de la expedición “se tuvo contacto y se contó con el apoyo del municipio de Tolar Grande” y entendió que si bien ahora existe un pedido de la comunidad, este empoderamiento de sus integrantes como pueblo indígena surgió tras el hallazgo de los Niños. “Es interesante el tema de los reclamos. Es sano y muy bueno porque el patrimonio siempre es un punto de tensión”, dijo.
En el recuerdo de lo acontecido con la expedición, dio cuenta de que ver a los Niños tuvo efectos emocionales muy fuertes para algunos de sus participantes. Incluso uno de ellos decidió luego abandonar la arqueología porque “fue muy fuerte para él”. Añadió que es “movilizante trabajar con estos temas”, pues a este tipo de investigaciones “la llamamos la arqueología de la muerte”.
Vitry detalló que el día que dieron con los Niños él no estaba porque había bajado acompañando a un fotógrafo que había presentado problemas de salud y que Reinhard comunicó “por teléfono satelital que habían encontrado el cuerpo del niño”, y luego se comunicó por los otros dos. Entonces empezaron a pensar cómo los iban a bajar porque coincidían en que precisaban una temperatura de 12 a 15 grados bajo cero para conservarlos.
“Desde la provincia se compraron de a uno los freezers mientras los fueron encontrando", detaló. Agregó que la imposibilidad de que subiera un camión frigorífico los llevó a disponer cajas de madera acondicionadas con hielo seco y aserrín para descender. El viaje con los niños desde el Volcán hasta Salta Capital fue “por dos días”.
Vitry contó que entonces la provincia preparó un espacio en la zona norte de la ciudad, en donde se preveía contar con un grupo electrógeno del Ejército en el lugar donde acondicionarían a los Niños, y también una guardia de la misma fuerza. Al poco tiempo, y por una decisión de acondicionar a los Niños en un espacio que se construiría en la Universidad Católica de Salta, un camión frigorífico los albergó estacionado en la casa de altos estudios “por un tiempo más”. Luego se los mantuvo en una habitación construida con las condiciones necesarias para conservarlos.
“En 2004 cuando el Museo estaba montado fue una discusión interna si solo se ponían fotos” de los Niños, recordó el arqueólogo. Pero afirmó que “era un reclamo de la sociedad” el poder verlos. Incluso en aquel momento hubo rumores “que indicaban que los cuerpos habían sido robados”. El MAAM finalmente abrió sus puertas, pero recién en 2007 estuvieron dadas las condiciones para exhibirlos.
En diciembre de 2004, en una de las últimas sesiones del Senado de la provincia, los legisladores debatieron un proyecto de Ley para la creación del MAAM.
De aquella discusión se pudieron recuperar (aunque no se encontró ley alguna sobre el MAAM) estas expresiones del entonces senador Angel Vilaseca: se buscaba, sostuvo, una figura que rigiera en el Museo con la posibilidad de una gestión de “tipo empresarial a fin de lograr en un futuro cercano la paulatina autosustentación del organismo, conservando éste su carácter de entidad pública”.
El entonces senador Guillermo López Mirau, por su parte, afirmaba que “lo deseable es que este Museo de Arqueología de Alta Montaña, al igual que todos los agentes implicados en la gestión del patrimonio cultural de la provincia, se esfuercen en encontrar no sólo un equilibrio entre la conservación, distribución y difusión de nuestros elementos identificables, sino que estos museos sean verdaderos centros de educación, entretenimiento, contemplación y deleite y el desarrollo de una gestión paliativa de autosustentación del organismo, conservando su carácter de entidad pública”. Añadía que el Museo debía jugar “un importante rol” ante el crecimiento del turismo.
En 2005, en la discusión en la Cámara de Diputados, la antropóloga Blanca Lescano afirmaba en una nota que “se puede hacer un museo autárquico, con fines de lucro, con todas las posibilidades que establece el proyecto, pero no teniendo como base el patrimonio arqueológico porque este ya se encuentra comprendido en las legislaciones específicas en donde se considera el bien arqueológico como un bien de todos y no como una mercancía”. Adjuntó las conclusiones de un Congreso de Pueblos Originarios en repudio a la exposición de los Niños, y dejó una reflexión: “¿Puede una entidad financiera extranjera determinar lo que se debe hacer con el patrimonio arqueológico de la provincia, que en este caso particular, se ve agravado porque se trata de cuerpos humanos?”.
No fue menor la crítica plasmada en la resolución 1108 del 22 de septiembre de 2005 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, que al analizar el proyecto con media sanción del Senado, destacó que nunca se había convocado a especialistas de esa casa de altos estudios a participar de debate alguno. “El proyecto aprobado por senadores supedita la actividad científica a los aspectos económicos-comerciales, dejando sin precisiones el alcance y las limitaciones de la actividad turístico-comercial”, aseguraba.
Y advertía que “la comunidad científica se ha expedido en reiteradas oportunidades tanto en congresos y foros como en los medios en oposición a la exhibición de los cuerpos momificados que integran el patrimonio del MAAM”. Sostenía que también se observaba entonces “una política al interior de la institución favorable a tal exhibición, con fundamentación en dos aspectos paradójicamente contrapuestos: por un lado, la exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo y por la otra su condición de Santuario”. Una exhibición que para los académicos era en respuesta a un criterio meramente comercial.
En los registros oficiales no hay una ley específica de creación del MAAM.
A 23 años de la extracción de los Niños de Llulalaillaco y en un debate que se reabre en torno a la percepción sobre la custodia del patrimonio cultural de los pueblos originarios, el gobierno provincial aplaudió que “este año el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) recibió por segunda vez consecutiva el Premio Traveller's Choice de TripAdvisor, tras haber sido votado por los viajeros como el mejor museo de la Argentina”.
Fuente: Pag 12 Salta.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
Fuente: Pag 12
Una nena de un año y tres meses falleció el lunes pasado, mientras se hacía el cambio de la gerencia en el Hospital "Juan Domingo Perón" de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), por un cuadro respiratorio y con bajo peso.
Sebastián José tiene 19 años y es el padre de María Martina José Díaz, su primera y hasta ahora única hija junto a su pareja de 17 años. Ambos viven en la comunidad wichí La Esperanza de Coronel Cornejo, uno de los pueblos del departamento San Martín.
José contó a Salta/12 que hace unas dos semanas su hija fue ingresada en el Hospital por presentar un cuadro respiratorio. Fue entonces que se le hicieron los estudios y se detectó que tenía tuberculosis (TBC). "El médico solamente le dio antibióticos pero después no le hizo ningún tratamiento", denunció el joven padre.
Añadió que hace un tiempo (no puede especificar cuánto), su nena había ingresado al Centro de Recuperación Nutricional de Tartagal por bajo peso, en donde estuvo una semana.
Entendió que el cuadro respiratorio fue el que empezó a generar la falta de apetito, dado que la criatura tenía el seguimiento de una nutricionista y hace un mes y medio (o sea al año), "pesaba diez kilos". El lunes en la tarde, cuando falleció, la niña pesaba 7 kilogramos y medio.
José afirmó que desconoce si tiene ahora TBC, aunque sí recordó que se la detectaron a los 6 años, cuando fue tratado por la enfermedad. A raíz de la muerte de la niña, indicó que "recién se despertaron con lo que pasó", y dieron atención al grupo familiar en el que vive la pareja (que es la casa de los padres de ella), en donde hay otros dos niños pequeños de 4 y 9 años.
Aunque este medio solicitó respuestas oficiales, al cierre de esta edición no las había obtenido.
Desde el lunes 16 de mayo se visibilizó la crisis en el Hospital de Tartagal con el inicio del acampe de trabajadores que cobraban con contratos irregulares que había otorgado el Hospital. Esta solución es la que se había encontrado para dar alguna respuesta a la falta de personal en todos los sectores del centro sanitario. El punto más álgido se presentó el viernes pasado cuando se le pidió la renuncia al gerente Santiago Payo.
La solución, que por ahora se desconoce si es definitiva, se dio el lunes cuando el equipo del Hospital eligió a la subgerenta de Payo, Lorena Torres, como gerenta del Hospital. Ese mismo día pero cerca de las 17, falleció Martina.
fuente: Pag 12
Unas 250 mujeres de más de 20 pueblos indígenas que habitan el territorio argentino, junto a hermanas invitadas procedentes de Bolivia y México, iniciaron este domingo el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas que se realiza en Chicoana, Salta, en el cual destacaron la lucha por la defensa de sus culturas.
por Facundo Sinatra Soukoyan
La ciudad de Salta, 53 años atrás, era testigo de uno de los hitos más importantes de su historia en la pelea por el cambio social y la lucha contra la dictadura. El Salteñazo se denominó aquel suceso que copó las calles e hizo temblar las entrañas del poder, en consonancia con movimientos similares en distintos puntos del país.
Al analizar un hecho histórico resulta fundamental, y muchas veces revelador, comenzar enmarcando su contexto nacional e internacional.
Los movimientos sociales y políticos desatados alrededor del mundo en la década del 60 no fueron ajenos en la Argentina, por el contrario, encontraron una caja de resonancia que desafió el orden social y político establecido.
En este sentido, la docente e historiadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Alejandra Soler Carmona, analiza aquellos hechos: “Todo está atravesado por un contexto internacional. Hay que tener en cuenta que desde mediados de los años 60 se comienzan a percibir los primeros síntomas de una crisis económica capitalista, y no solamente económica, sino también crisis política a nivel mundial. En Estados Unidos sucedía la pelea por los derechos civiles y económicos de la población negra; la cuestión de Vietnam, una larga guerra que ponía en cuestión el dominio mundial de Estados Unidos. Movilizaciones en Italia, en Francia e inclusive en el mismo campo de la Unión Soviética”.
Soler Carmona agrega: “Entonces a nivel mundial se comienza a percibir la organización de una fuerza social. En esa época también se da la pelea por los planes de estudio en Francia, el Mayo Francés está motivado, en principio, no solo por reclamos obreros, sino también por el rechazo a la modificación de los planes de estudio de las universidades que las querían adaptar a las necesidades empresarias”.
El golpe de estado de Juan Carlos Onganía, iniciado en 1966, acelera procesos de maduración política en algunos incipientes grupos políticos. La fuerte represión desde su mismo inicio genera un gran rechazo social. “El golpe de Onganía comienza con represión apenas inicia, con la intervención a las universidades, a los sindicatos, a los medios de comunicación, y también con un plan económico, encabezado por Krieger Vasena, ministro de economía, de ajuste y congelamiento de salarios. Todos estos elementos van acumulándose para desatar una crisis tremenda”, comenta Soler y agrega: “En el caso de Salta, vemos movilizaciones estudiantiles desde el año 66, movilizaciones por la creación de la Universidad Nacional de Salta. Desde aquellos años comienza también la organización y el surgimiento de organizaciones político-militares como, por ejemplo, el PRT”.
El feroz avance de la dictadura en el plano político y social comienza a despertar un germen de resistencia que se encontraba latente, “con el golpe de Onganía, tal como ocurría a nivel nacional, se intervienen y se disuelven los centros de estudiantes. Todo esto se va acumulando y en el 1968 tenemos un primer enfrentamiento importante entre esta alianza y obreros y estudiantes, por el aniversario y en repudio al golpe de Estado del 66. En ese momento el gobernador era Rovaletti, un interventor de la provincia, un personaje que representaba una alianza con la gran burguesía. Venía de familia cercana al club 20 de Febrero, que es un club social de los que yo llamo la pseudo-aristocracia salteña. Él estaba relacionado a esos grupos”.
Con salarios congelados y aumento brutal en el costo de vida, hacia enero de 1969 comienzan una serie de luchas y huelgas. Así lo comenta la investigadora de la UNSa: “Son reclamos aislados que hacen que el gobierno aumente en un 8% los salarios, pero solamente para la actividad privada. El sector público entonces empieza a reclamar por no estar incluido en ese aumento. Los reclamos llegan de todos los sectores: de comercio, de ferroviarios, de obreros de la construcción, docentes, de la administración pública. Esto es importante remarcarlo porque hay una idea de que los ‘azos’, Salteñazo, Cordobazo, Rosariazo, son cuestiones espontáneas, cuando en realidad son temas que venían madurando, acumulando elementos. Digamos que tenía sus claros antecedentes”.
La combustión comienza a crecer lenta pero sostenidamente. En los inicios de 1969 se realiza una gran movilización y huelga de hambre en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, donde obreros y estudiantes inician una huelga que funciona como caja de resonancia a nivel nacional.
Meses después, con la conmemoración del Primero de Mayo, se acentúan las acciones y el clima de tensión: “En mayo se empiezan a incrementar los enfrentamientos, y ya a mediados de mes, explota en toda la Argentina. Todo comienza el 15 de mayo con movilizaciones en Corrientes contra la privatización del comedor universitario, una movilización de estudiantes donde la policía asesina a Juan José Cabral. Este asesinato desencadena lo que fueron los ‘azos’, que son puebladas en todos lados”, enfatiza la docente universitaria salteña y agrega: “Ahí comienza la aceleración de los tiempos. Las provincias de Salta, Tucumán y otras, declaran, por el asesinato de este estudiante, un asueto del 19 al 25 de mayo, y en Rosario también asesinan a Adolfo Bello. Se declara entonces un gran paro estudiantil”.
Los días previos al 21 de mayo se organizan marchas y asambleas donde estudiantes universitarios convocan al movimiento obrero, centros vecinales y profesionales, organizando asambleas que superan las 500 personas.
En este sentido, comenta Soler Carmona que “El 21 de mayo lo que ocurre es que hay un enfrentamiento social. Se comienzan a movilizar las masas de población. Ya no son sectores por separado, aislados, sino población por fuera de los canales institucionales. Se organizan en asambleas en donde se pierde la identidad individual del trabajador metalúrgico, de estudiantes secundarios, de estudiantes universitarios, para convertirse en una fuerza unificada, una fuerza de enfrentamiento con las fuerzas represivas del Estado, y esa fuerza social ocupa lugares estratégicos de la ciudad”.
Durante esa jornada tomaron facultades, y se realiza un paro importante con una adhesión muy grande de los estudiantes secundarios, “esta es una particularidad de Salta, que además de participar la clase obrera y estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios son los que fogonean y movilizan. Se toman, por ejemplo, el Colegio Nacional, la Escuela Normal, la escuela Güemes, las técnicas” comenta la docente universitaria.
Los sucesos son relatados como una gran batalla campal, se desarrolla una situación como de guerra en la capital provincial. Los medios se hacen eco de los hechos llenando sus páginas con los incidentes ocurridos en cada esquina de la ciudad. La policía es repelida por los manifestantes y se ocupan, por momentos, la plaza central y varias cuadras alrededor de ella. Las consignas contra el gobierno militar unifican la pueblada.
En este proceso de avance y retroceso por las calles de la ciudad, se da un hecho de gran particularidad y significación subjetiva: la toma el tradicional Club 20 de Febrero. “Se organiza una marcha de antorchas que intenta llegar a la casa del gobierno y es impedida por la policía. Como no logran llegar, se desvían y sí llegan al Club 20 de Febrero. Este club es una representación, hasta el día de hoy, de la auto percibida aristocracia salteña, de los grandes propietarios de tierra, de ingenios. Ahí había una reunión en donde estaban participando inclusive algunos funcionarios de gobierno. Entonces toda una columna de manifestantes se dirige hacia el club. No sabemos si fue un intento de ocupación, pero efectivamente entraron y fueron repelidos por algún miembro que sacó una arma y tiró unos cuantos tiros al aire. Por supuesto, asistió la policía y se fue apagando el enfrentamiento”, relata Soler Carmona.
Con el correr de los días, el enfrentamiento se apacigua y la “normalidad” retoma las calles de la ciudad. Sin embargo, el impacto de los “azos”, en especial el Salteñazo, ya era un hecho y tendría consecuencias directas en las decisiones políticas locales.
La historiadora de la UNSa comenta que “El impacto del Salteñazo se ve meses después cuando se cambia el personal político de la dictadura. El gobernador Rovalleti se tiene que ir. Y otro impacto importante es que la dictadura militar comienza a percibir que ya con la fuerza sola no alcanzaba, y se comienza a hablar sobre la vuelta de un gobierno constitucional. Se inician las negociaciones entre el nuevo gobierno militar y los acuerdos con Perón para que se llame elecciones”.
“A lo largo de todos estos enfrentamientos comienza una disputa al interior de esa fuerza de masas por ver qué carácter iba a tener el movimiento generado. Comienza entonces una puja entre los que solamente quieren terminar con la dictadura y que vuelva la democracia, y todo otro sector entre el que estaba, por ejemplo, el PRT y el FRP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el Frente Revolucionario Peronista, que querían ir más allá del simple cambio de régimen político”, resalta la docente salteña abriendo el prólogo de lo que serán los próximos años de aún mayor convulsión política y lucha social.
Todas estas situaciones y tensiones vinculadas a un compromiso político con el cambio social, poco a poco se agudizarán y llegarán a su tensión máxima, cuando la dictadura cívico-militar instaure el terrorismo de estado.
La historia dirá entonces que los “azos”, a lo largo y a lo ancho del país, fueron un mojón fundamental para empujar el sueño de un país más justo desde diversas miradas y militancias políticas. Lo cierto también es que la mecha se había encendido, y Salta fue parte fundamental de aquella historia.
Simplicio de Embarcación nos manda las fotos de lo que estuvo sucediendo en escuelas de Embarcación. Las escuelas no tienen mantenimiento. P...
